Un tercio de las más de 650.000 personas beneficiarias de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia aún no han recibido la prestación económica y/o el servicio asistencial -teleasistencia, ayuda al domicilio o atención residencial- que precisan de las comunidades autónomas. Sin embargo, la mayoría de ellos reciben la ayuda económica por cuidados familiares en el hogar, aunque la legislación lo contemple como una excepción.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha presentado un informe en el que denuncia la situación de una de cada tres personas dependientes que todavía están pendientes de que las autonomías les asigne qué tipo de ayuda asistencial les corresponde a sus situación, en función de la Ley de Dependencia. Según los datos, hay 209.559 personas pendientes de identificar en el Programa Individual de Atención (PIA), negociado por las autonomías con el solicitante, familia o entidad tutelar para facilitar al dependiente los recursos que mejor se adecuan a su entorno y a su situación personal.

De las 977.030 solicitudes, más de un 87% -un total de 858.376- ya cuentan con un dictamen, después de que un equipo técnico haya acudido a los domicilios demandantes, aplicado un baremo, analizado informes médicos y realizado un test. No obstante, sólo el 68% de los beneficiarios (444.476) conoce qué tipo de prestación le ha sido concedida. El Ministerio de Sanidad y Política Social asegura que este colectivo es reconocido como beneficiario con su grado y nivel de dependencia, "pero falta que su comunidad autónoma, que es la que tiene la competencia, le diga qué tipo de asistencia necesitan en función de su situación".

Por comunidades autónomas, la que más beneficiarios tiene pendientes de identificar son Canarias, con un 68% de personas que esperan la prestación o servicio. Le siguen de cerca, las Islas Baleares (58,2%), Murcia (56,4%), Extremadura (52,8%) y Madrid (50,14%). Por debajo del 50% se sitúan Cataluña (46%), Comunidad Valenciana (38%), Castilla-La Mancha (35%), Asturias (35%) y Galicia (34%). Por el contrario, las comunidades más eficientes a la hora de identificar a los dependientes son Aragón (26,2%), Andalucía (20,6%), La Rioja (15,2%), Castilla y León (10,7%), País Vasco (6,6%) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (4,5%).

A pesar de que el texto de la Ley de Dependencia explica que los servicios sociales deben dar prioridad a las prestaciones asistenciales, como la teleasistencia, ayuda a domicilio, residencia y centros de día y de noche, la mayoría de las comunidades autónomas asignan a los dependientes una asignación económica, a pesar de que la normativa lo contemple como una excepción. De este modo, la mayoría de las regiones españolas están incumpliendo el espíritu de la norma.

En este sentido, los datos del Imserso indican que de las 444.476 personas que ya cuentan con un servicio o ayuda, casi el 58% (257.450) reciben una prestación económica vinculada a un servicio (6,4%) o por cuidados familiares en el hogar (51,4%). El resto de servicios que se prestan cuentan con un peso menor, es el caso de la atención residencial (19,3%), ayuda al domicilio (10,4%), teleasistencia (6,3%), centros de día y de noche (5,1%), prevención y promoción de la autonomía personal (0,5%) y, por último, la prestación económica de asistencia personal (0,1%).

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, mostró su "preocupación", tras recibir "muchísimas quejas" de los ciudadanos sobre el desarrollo de la Ley de Dependencia. El número más significativo de personas que ha nivel individual solicitaron en 2008 la intervención de esta institución ante la falta de reconocimiento de sus derechos. Incluso, destaca que, en muchos casos, especialmente en la Comunidad Valenciana y Madrid, las quejas se referían a la falta de información en la tramitación del expediente, que juntas superaron la mitad de todas las quejas.

Múgica afirmó que el retraso de las evaluaciones y la demora de los subsidios y ayudas centran el grueso de las quejas de los ciudadanos. El principal obstáculo que encuentra el Defensor del Menor es la "falta de financiación" e indicó que las comunidades autónomas y el Gobierno tienen la "obligación" de cumplir con el calendario acordado y que "la crisis no tiene que ser ningún pretexto", porque "lo fundamental" son las personas dependientes.