La actual crisis económica ha elevado el rechazo de la población española hacia los inmigrantes, cuyo número considera "excesivo", y ha acrecentado su demanda de políticas migratorias más restrictivas. El informe Evolución del racismo y la xenofobia en España (2009), elaborado por el Observatorio del Racismo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, refleja en 400 páginas el avance de la menor receptividad ante el foráneo y la consolidación de una imagen negativa que le asocia principalmente al deterioro de las condiciones laborales.

Pese a la contención de los flujos migratorios, debido al nuevo escenario laboral y a un mayor control de inmigrantes en situación ilegal, la transigencia con el extranjero se hace depender cada vez más de las necesidades laborales y de su capacidad de integrarse, según las 2.800 respuestas de la encuesta anual del Observatorio, que se realiza desde 2005.

El requisito de adaptación se antepone incluso al empleo para permitir el acceso al país y, aunque la población autóctona aprecia la riqueza cultural que trae la inmigración (incluso más que la económica), no ocurre así con la religiosa (la más desaprobada).

Se asiente que los inmigrantes mantengan su cultura y sus costumbres, pero con la condición de que se avengan a las normas legales y sociales que configuran la vida en sociedad: "Que no molesten al resto de los españoles".

No obstante, a la exigencia de que se integren no sigue pareja la voluntad, por parte de los españoles, de acrecentar actuaciones que contribuyan a su integración.

El análisis concluye que el 37% de los encuestados son reacios a la inmigración, el 33 tolerantes y el 30% ambivalentes.

Respecto a si las leyes que regulan la entrada y permanencia de extranjeros son laxas o restrictivas, el 42% opina que son "demasiado tolerantes" -un porcentaje superior a años anteriores-, frente a sólo un 5% que las cree "más bien duras". Además, el 39% de los encuestados consideran "muy aceptable" que "se expulse del país a los inmigrantes legalmente instalados que cometan cualquier delito", y un 29% lo valora "bastante aceptable". Este último apartado supondría un ascenso en dieciocho puntos respecto al informe de 2005.

Por otro lado, en la última encuesta del Observatorio baja la opinión favorable a la concesión de la generalidad de derechos sociales sobre los que se pregunta.

Descensos tibios, de apenas dos puntos porcentuales respecto al año anterior, en el caso del cobro del subsidio si se quedan parados y la obtención de la nacionalidad española.

Sin embargo, adquieren relevancia en el caso de los derechos a traer a su familia y a votar en las elecciones municipales. En el primero, el descenso alcanza los seis puntos porcentuales; en el segundo, siete puntos.

Del conjunto de derechos, son los relacionados con el sufragio los que siguen suscitando menor aprobación por parte de los españoles, seguido de la reunificación familiar. Precisamente, este último derecho es el segundo que registra un mayor descenso en el espacio temporal de un año. De un 86% de aprobación en 2007 se pasa al 80% en 2008.