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El Gobierno impugna la candidatura de Puigdemont sin aval jurídico

  • Sáenz de Santamaría dice que el Ejecutivo tiene la "obligación" de impedir la investidura pese al revés del Consejo de Estado

  • El PSOE y C's muestran su respaldo a la discutida iniciativa

Soraya Sáenz de Santamaría e Íñigo de la Serna. Soraya Sáenz de Santamaría e Íñigo de la Serna.

Soraya Sáenz de Santamaría e Íñigo de la Serna. / EFE

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El no haber obtenido el aval juridico del Consejo de Estado no ha sido óbice para que Gobierno presentara ayer un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la candidatura de Carles Puigdemont a ser investido presidente de la Generalitat, al considerar que su "obligación" es impedirla con todos los instrumentos legales.

La reunión del Consejo de Ministros que presidió ayer Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa le autorizó a presentar ese recurso y fue la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien explicó los motivos por los que se ha ratificado en esa decisión pese a la negativa del Consejo de Estado a darle luz verde, un rechazo que es papel mojado al no tener carácter vinculante sus resoluciones.

El Pleno del TC se reunirá hoy de forma extraordinaria para estudiar ese recurso, y su admisión llevaría aparejada la suspensión cautelar automática del acuerdo del Parlament. En ningún caso se pronunciará hoy sobre el fondo del asunto.

Según adelantaron a Efe fuentes del TC, el tribunal decidirá admitirlo mediante una resolución que advertirá a los miembros de la Mesa de su obligación de obedecer.

Ésa es una petición expresa que hace el Gobierno en su recurso, que pretende impugnar tanto la resolución del presidente del Parlament, Roger Torrent, planteando la candidatura de Puigdemont como la que firmó convocando el Pleno para hacerla efectiva.

El Ejecutivo, según explicó la vicepresidenta, sigue adelante con su recurso a la propuesta de Torrent, "con todo respeto al Consejo de Estado" pero con el máximo compromiso en defensa del Estado de Derecho. "Como Gobierno, tenemos que utilizar todos los instrumentos que la ley y la Constitución nos dan para evitar que alguien huido voluntariamente de la Justicia pueda de forma ilegítima ser investido", subrayó antes de insistir en que creen contar con argumentos legales suficientes para evitar "una nueva afrenta a los catalanes".

Sáenz de Santamaría insistió en que la situación de Puigdemont, contra quien hay una orden de busca y captura, le impide ser president, y, por ello, aunque recalcó que el informe del Consejo de Estado sólo pone en cuestión el momento de recurrir al Tribunal Constitucional, asume el compromiso de evitar que el ex jefe del Govern siga con su "desafío".

El PSOE sigue respaldando al Gobierno en el objetivo de impedir que Puigdemont sea presidente, aunque subrayó ayer que es al Ejecutivo al que "le toca administrar" las medidas para conseguirlo: "El Gobierno sabrá qué medidas toma, cómo las toma y cuándo las toma, porque para eso es el Gobierno", afirmó en rueda de prensa la dirigente socialista y negociadora de la aplicación del 155, Carmen Calvo.

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, afirmó por su parte que el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos han hecho una "ridículo compartido" en su decisión de impugnar la investidura de Puigdemont. Acusó además al Gobierno de actuar de forma autoritaria con un interés siempre partidista y a pesar de las "señales" que le indican que deje de "judicializar" el conflicto.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, manifestó que seguirá apoyando al Gobierno de España "en las decisiones que tome para que se impida cualquier fraude a la Constitución", aunque "si se equivoca, tendrá que dar explicaciones" tras "el revés" del Consejo de Estado.

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