Imputada una concejal de Utrera por supuestos delitos de prevaricación y contra el territorio

  • Se le acusa de librar en 2004, cuando ostentaba la Primera Tenencia de Alcaldía, la licencia de demolición y obras para un edificio catalogado por el planeamiento urbano vigente.

La concejal de Solidaridad, Bienestar Social y Promoción del Mayor del Ayuntamiento de Utrera, Dolores Pascual González (PA), ha sido imputada de presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio por librar en 2004, cuando ostentaba la Primera Tenencia de Alcaldía, licencia de demolición y obras para un edificio catalogado por el planeamiento urbano vigente, extremo elevado a la Fiscalía por el PSOE.

En un comunicado, el Grupo socialista del Ayuntamiento de Utrera informó de que, a instancias de la Fiscalía, el 29 de enero, Pascual González compareció como imputada ante el Juzgado mixto número dos de Utrera por supuestos delitos contra el patrimonio histórico y la ordenación del territorio, así como de prevaricación. 

En la denuncia que interpone el fiscal se insta a "que se cite a declarar, en concepto de imputados, a las personas que resulten haber votado a favor de tales acuerdos"; en este caso se refiere a todos aquellos miembros de la Comisión del Conjunto Histórico que en las diferentes reuniones celebradas por dicha comisión el 25 de mayo, 21 de junio, 29 de julio y  30 de septiembre de 2004 formaban parte de la misma y votaron a favor de la referida licencia de obra.

Los hechos se remontan al 16 de diciembre de 2004 y corresponden a una licencia de obras para la demolición y construcción de un edificio catalogado y protegido por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), autorización a la que se habría opuesto el propio secretario general del Ayuntamiento. Pese a todo, la por entonces primera teniente de alcalde, Dolores Pascual González, autorizó tal aspecto.

El Grupo Municipal Socialista, por la vía del procedimiento Contencioso Administrativo, consiguió una sentencia favorable del Juzgado número cuatro de tal jurisprudencia de Sevilla, fallo que declaraba nulos los Decretos firmados por la entonces primera teniente de alcalde. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó tal sentencia y la Consejería de Cultura sancionó con 24.000 euros al Consistorio.

Finalmente, y ya atendiendo a los aspectos penales del asunto, el Grupo municipal del PSOE elevó los hechos y la documentación a la Fiscalía y al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro, alegando que existen indicios de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho por parte no sólo de la alcaldesa accidental, sino del concejal de Urbanismo y del alcalde, Francisco Jiménez (PA). . 

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