Sevilla

El CGPJ rechaza devolver la toga al juez Francisco Serrano

  • La Comisión Permanente sostiene que la pena impuesta produce la "privación definitiva" del cargo, por lo que para reingresar tendrá que volver a opositar.

El juez Francisco Serrano en su despacho.

El juez Francisco Serrano en su despacho. / José Ángel García

El ex juez de Familia número 7 de Sevilla no volverá a la carrera judicial. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha estudiado este jueves la solicitud de rehabilitación a la carrera judicial del ex magistrado Francisco Serrano Castro, condenado el 13 de octubre de 2011 a dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como autor de un delito de prevaricación culposa por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en una sentencia que fue declarada firme por el Tribunal Constitucional el pasado 26 de octubre, según ha informado el máximo órgano de gobierno de los jueces.

El artículo 42 del Código Penal establece que "la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público produce la privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recayere (…). Produce, además, la incapacidad para obtener el mismo u otros análogos, durante el tiempo de la condena".

En consecuencia, la Comisión Permanente ha acordado comunicar a Francisco Serrano que la pena que le fue impuesta "produjo la privación definitiva del cargo de magistrado, y que si desea ingresar en la Carrera Judicial lo deberá hacer mediante la superación de cualquiera de los modos de ingreso, como cualquier otro ciudadano", han añadido fuentes del CGPJ.

Francisco Serrano solicitó en noviembre pasado su reincorporación a la carrera judicial como magistrado tras la sentencia del Tribunal Constitucional que le rehabilita como juez después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo le condenara a diez años de inhabilitación por alterar el turno de custodia de un menor para que asistiese a una procesión de la Semana Santa de Sevilla.

En un escrito, Francisco Serrano, que ejerce ahora como abogado en un despacho sevillano, solicita igualmente que se le abonen los salarios dejados de percibir desde que "debió ser rehabilitado como magistrado" –algo que fecha el 28 de agosto de 2013-, más los intereses legales que procedan, "en virtud de lo acordado" en la sentencia del Tribunal Constitucional.

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