El alcalde no teme reclamaciones en cadena tras la multa por el botellón

  • Monteseirín asegura que la nueva ley ha cambiado la realidad del problema y que la administración local está trabajando "mucho y bien".

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El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), reaccionó hoy a la sentencia que condena al Ayuntamiento hispalense al pago de 24.000 euros a una vecina del entorno de La Florida por las molestias ocasionadas por la continua celebración de 'botellones' en las inmediaciones de su domicilio, señalando que la realidad actual de este fenómeno es "distinta" a la de hace unos años gracias a la nueva normativa autonómica que la regula.

En declaraciones a los periodistas, Monteseirín aseguró que el Consistorio está trabajando "mucho y bien" gracias al "instrumento" proporcionado por la nueva Ley Antibotellón, y añadió que, si bien en algunos lugares el Ayuntamiento sigue viéndose obligado a actuar de manera preventiva, "la realidad ya es de otra manera".

La normativa, agregó, proporciona ahora armas con las que luchar contra este fenómeno, según el regidor hispalense, que aseguró que la administración local "no teme" un posible efecto reclamo de los vecinos afectados por estas molestias.

El letrado que defiende los intereses de la afectada, Joaquín Herrera, ya aseguró en declaraciones a Europa Press que con esta sentencia "la Justicia ha empezado a poner solución al sufrimiento de una mujer sevillana".

El abogado manifestó que esta decisión judicial "no solamente tiene en cuenta las pretensiones de una persona, sino que acoge lo que muchas personas sienten, padecen y piensan". "La gente se siente muy dejada e indefensa ante el tema del ruido", agregó.

A su juicio, la sentencia "es importante porque aclara que el ruido no es una mera molestia sino un problema para la salud que ataca a la inviolabilidad de domicilio o a la intimidad", entre otras cuestiones. Así, Herrera recordó que en Sevilla ya se han dictado dos sentencias por el botellón, una primera sin indemnización y una segunda en la que condenaba al Consistorio a pagar 6.000 euros, si bien --recordó-- que ésta es la de mayor indemnización patrimonial". "Espero que esto suponga una mejora de cara al futuro en la respuesta de la Administración Pública ante las demandas de los ciudadanos", apostilló.

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