Si ha habido un año en el que era importante hacer las cosas bien a la hora de solicitar las ayudas de la PAC es precisamente este 2015, en el que se asignarán nuevos derechos de pagos básicos que serán el referente de lo que cobren en años próximos los agricultores y ganaderos. Y, sin embargo, este año es cuando peor se están haciendo las cosas: el periodo "oficial" de solicitud de la PAC acabó el pasado 15 de mayo y desde entonces estamos en "la prórroga", que acaba el 15 de junio. O sea, quedan menos de 20 días para el cierre de la ventanilla y, pese a ello, la Junta de Andalucía ha sido incapaz de publicar toda la normativa necesaria para que ganaderos y agricultores puedan hacer esa solicitud con garantías, sabiendo lo que piden. Esta ineficacia administrativa está obligando a hacer la solicitud "a ciegas": los ganaderos no saben si la Junta va a rectificar o no la reducción drástica de hectáreas de pastos con derecho a ayuda y no lo van a saber hasta octubre. Tampoco las ayudas agroambientales que afectan a gran parte del sector y que hay que pedir junto a la PAC se han publicado aún en el BOJA.

Los colectivos afectados por todas estas incertidumbres son muchos, pero quienes más oscuro lo tienen son los ganaderos cuyas fincas se han visto afectadas por el drástico recorte -del 54% en Andalucía- de las hectáreas de pastos con derecho a ayuda. Aquí ya se sabe con certeza que la revisión prometida por la Junta no estará finalizada hasta octubre.

Rafael Olvera, director general de Producción Agrícola y Ganadera, ha afirmado a este periódico que el llamado Plan de Calidad en el que se revisarán los resultados del sistema automático (mediciones por satélite con fórmulas matemáticas) que se ha utilizado para adjudicar el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) en cada finca tiene de plazo hasta octubre, por lo que las nuevas valoraciones, "si es que hay cambios", no se conocerán hasta entonces. En estas circunstancias, los ganaderos no tendrán más remedio que asumir en su declaración el CAP que se les ha adjudicado y esperar que luego, si hay cambios, la Junta se lo revise y se los aplique "de oficio". La otra alternativa es pinchar en una pestaña que se ha habilitado en el sistema de declaración de la PAC en la que se hace constar que no se está de acuerdo y que se quiere alegar.

El problema es que la orden que regula las alegaciones al Sigpac (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas) que permitirá hacer alegaciones al famoso coeficiente de admisibilidad de pastos tampoco se ha publicado todavía, por lo que esas alegaciones no se pueden hacer y menos con tiempo para tener la respuesta a las mismas antes de la solicitud de la PAC.

Eduardo Martín, secretario general de Asaja Sevilla, considera que la situación que se está viviendo este año con las solicitudes de la PAC es una locura y que se está obligando a los agricultores y ganaderos a hacerlas "a ciegas".

Respecto a la pestaña habilitada para hacer constar que no se está de acuerdo con el CAP y que se quiere alegar, Eduardo Martín asegura que es "extremadamente peligroso utilizarla" ya que "puesto que la Junta va a revisar los coeficientes usando el mismo método automático que ha dado unos resultados catastróficos no hay garantía de que se acerquen a la realidad, y si finalmente esos resultados no se corrigen y el ganadero ha declarado las hectáreas que realmente tiene de pastos puede encontrarse con unas penalizaciones que incluso pueden privarle del total de las ayudas". Según explica Martín, en la solicitud de la PAC el agricultor o ganadero "adquiere el compromiso de declarar la verdad, y si luego el sistema no se acerca a lo que ha declarado se le penaliza por sobredeclaración y dependiendo de la desviación que haya entre lo declarado y lo que luego se determine la penalización es mayor o menor".

Rafael Olvera reconoce que esto es así: "Son las reglas del juego". Y añade que "si declara lo que realmente tiene -la hierba y no los matorrales- irá bien".

En cualquier caso, Olvera recuerda que es un mandato de la UE que se hagan los cálculos de estos coeficientes de admisibilidad de pastos con un método objetivo, "y si no es así puede ocurrir lo que ha ocurrido en Grecia, que les han suspendido los pagos. Y ese es un riesgo elevado que no se puede correr".

En este sentido, Eduardo Martín opina que lo que ha ocurrido es que como España tiene una penalización de 284 millones de la UE por desviaciones de años pasados, se ha querido corregir tirando para abajo para todo el mundo, cuando lo que hay que corregir es lo que realmente está mal no con un sistema restrictivo general que va a hacer que los ganaderos andaluces pierdan el 54% de las ayudas a pastos, en concreto las ayudas de 782.000 hectáreas.

En cuanto al sistema que se ha usado para delimitar qué hectáreas son pastos y cuáles no, también hay graves discrepancias entre la Junta de Andalucía y las organizaciones agrarias. Mientras que desde las asociaciones se asegura que los resultados que da el sistema utilizado no se corresponden en absoluto con la realidad y que penaliza las dehesas más arboladas "que son las mejores", desde la Junta, Olvera asegura que sí se ha tenido en cuenta la realidad de la dehesa y que se ha aplicado un "bonus dehesa" en el sistema que calcula la estructura vegetativa y que como resultado del mismo de media las dehesas tienen ayuda en el 84% de su superficie.

Desde Asaja no están de acuerdo en absoluto con el sistema y aseguran que dehesas inmejorables desde el punto de vista de sus pastos han perdido hectáreas sin motivo alguno. Eduardo Martín pone como ejemplo de la situación "absurda o como mínimo curiosa" que se está viviendo el hecho de que "ganaderos que presentaron alegaciones al Sigpac de 2013 o 2014 están recibiendo resoluciones de la propia Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía en las que se les reconoce un CAP mayor que el que se les reconocía en esa fecha y mucho mayor del que se les reconoce ahora en 2015".

En opinión de Asaja es el factor de "estructura de la vegetación" -el mismo que según la Junta se ha diseñado para favorecer a la dehesa- el que no funciona pues "incurre en un gravísimo error de concepto, al asumir que la presencia del árbol impide el crecimiento del pasto y no aporta alimento".

En cualquier caso -y con vistas tanto al plan de calidad que la Junta asegura que va a hacer hasta octubre y en el que se supone que se corregirán errores como en las alegaciones al Sigpac que se puedan hacer cuando se publique la norma- Asaja demanda de la Junta que "se ponga en marcha, como factor a tener en cuenta la consideración de ganadero en las tres o cuatro campañas anteriores, es decir que consideren diferenciar las superficies que llevan años en el Registro de Ganadería (REGA) y las que no, y que se tenga en cuenta la carga ganadera, es decir cuantos animales se han estado alimentando todos esos años en las fincas.

Por otra parte, la organización agraria le ha propuesto a la Junta varias soluciones alternativas al problema actual que es el de cómo hacer las solicitudes de la PAC: o bien permitir que los ganaderos declaren según el CAP de 2014 y que luego puedan presentar -cuando se publique la orden- alegaciones al Sigpac de 2015, y por lo tanto dejando margen hasta octubre cuando se publiquen datos definitivos para alegar; o bien que arbitren un procedimiento extraordinario que permita declarar en base al CAP 2015 pero que no haya penalización para los pagos por posible consideración de sobredeclaración de superficie, o sea, eliminando los riesgos que ahora dejan maniatados a los ganaderos.

El caso, es que tal y como están ahora mismo las cosas, y a no ser que en breve se de una solución, entre los ganaderos hay algo más que descontento: "Estamos encendidos", dicen algunos. Las razones es que tal como se han hecho las cosas se encuentran de sopetón y prácticamente ya en época de solicitud de la PAC con que les han recortado las hectáreas con derecho a ayuda y no se les arbitra ningún modo de alegar contra esta situación sin caer en el riesgo de penalizaciones. Además, los ganaderos denuncian que con estos recortes del CAP -que consideran que se están haciendo por cuestiones de política ajenas a si hay en realidad pasto o no- no sólo se les priva de ayudas necesarias para mantener sus ganaderías sino que se deprecia el valor patrimonial de sus explotaciones.

Igualmente, desde COAG Andalucía se ha denunciado no sólo el perjuicio actual a los ganaderos sino el futuro. Así, fuentes de COAG aseguran que la aplicación del CAP, para reducir las hectáreas admisibles para cobrar el pago básico supone un grave perjuicio para la ganadería productiva, ya que no se distingue al profesional del que no lo es, ni se prima la actividad y que, además, el sistema va a provocar una concentración de los importes en la asignación inicial (menos hectáreas con mayor valor), por lo que los ganaderos se verán perjudicados a la hora de converger, pues la media de sus derechos será superior a la de su región y en consecuencia deberán ceder más, pudiendo llegar a perder hasta un 30%, el máximo que fija la PAC.

Denuncian también que la medida, al afectar al pago básico, afecta al greening, porque este tramo se calcula en función de las hectáreas admisibles, por lo que el importe también se reducirá. Y otra cuestión, en la que coinciden con Asaja es que este recorte en el CAP "perjudica doblemente a la ganadería ecológica, porque además de todo lo anteriormente citado, la reducción de hectáreas provocará una reducción de la prima ecológica que ahora es a la hectárea y si estas bajan, también disminuyen las primas".