Cuando se está intentando que ninguna familia que no pueda pagar el alquiler o la hipoteca por la situación de pandemia sea desahuciada, la situación podría darse en Sevilla con una residencia y una unidad de día de mayores. En concreto, hay una orden de desahucio que podría ejecutarse de forma inminente y que afecta al edificio en el que se encuentran la residencia de mayores y la unidad de día de la empresa Asisttel, en Tomares, al frente de los cuales ya estaría un administrador concursal.

Al parecer, la empresa no paga el alquiler al propietario -un fondo de inversión que querría disponer del edificio, situado junto a la A-49- desde mayo de 2019 y habría acumulado una deuda de más de 400.000 euros, según adelantó hace unos días la Cadena Ser.

La orden de desahucio ya se habría aplazado una vez, a mediados del mes de enero, para dar tiempo al realojo de los mayores. Pero el nuevo plazo acaba ya el lunes, sin acuerdo ni alternativa de momento.

Según algunas fuentes consultadas, Asisttel habría presentado hace unos días un plan de pagos para saldar la deuda, aunque los propietarios no lo habrían aceptado.

Según ha informado la plantilla, este jueves han tenido una reunión con un administrador concursal que, según señala, habría asumido el control desde el pasado martes y que indicaría que la empresa ha entrado en concurso de acreedores. 

Este administrador, tiene previsto reunirse hoy mismo con el juez para exponer la situación, aunque de momento no hay novedades y el centro debería vaciarse antes de lunes.

Otros trabajadores han explicado que no tuvieron conocimiento de la situación hasta el pasado 13 de enero, cuando la empresa informó tanto a los trabajadores como a las familias de lo que ocurría. La empresa no mantiene deudas con la plantilla.

Si no se halla una solución, hay riesgo de que cerca de medio centenar de trabajadores se queden en la calle. En la residencia hay 31 mayores, muchos de ellos dependientes, que tendrían que ser ubicados en otros centros si los familiares no pueden hacerse cargo. Se da la circunstancia, además, de que en el asilo no se ha registrado ningún contagio de Covid en pandemia.

Desde la Consejería de Igualdad, han señalado que el departamento está en contacto con el juez, el Ayuntamiento y el propio centro. Aunque todas las plazas en la residencia son privadas, la Junta facilitaría el realojo de los residentes que no puedan ir a otro centro o alojarse con familiares.

En el caso del centro de día, cuenta con 70 plazas en total, aunque ahora son menos usuarios por las medidas para evitar contagios, 47 de ellas concertadas con la Junta. Igualdad facilitaría del mismo modo el acceso a otros centros cercanos a los que no tengan alternativa, han señalado fuentes de la Consejería, que siguen pendientes de lo que ocurra en las próximas horas.

Familiares de usuarios y residentes también habrían remitido un escrito al juez solicitando que el desalojo no se produzca, por las consecuencias que podría tener el cambio en personas muy mayores y con graves dolencias, acostumbradas a su centro y al personal que les atiende.