La Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción ha asumido la investigación de todas las presuntas irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) de distintas empresas que fueron sufragados con fondos públicos y en las que se han detectado hasta 183 casos sospechosos. La decisión de Anticorrupción se produce a raíz de las últimas actuaciones y requerimientos de información realizadas por la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que apuntan a que la investigación se está derivando a una posible trama de "corrupción política", de ahí que esta Fiscalía especial considere necesaria su intervención, según explicaron ayer a este periódico fuentes del caso.

Hasta ahora la Fiscalía Anticorrupción estaba personada en las causas abiertas relacionadas con Mercasevilla y con los ERE que se hicieron en esta empresa pública mixta en los años 2003 y 2007, que están siendo investigadas por el delegado de la Fiscalía Anticorrupción, Juan Enrique Egocheaga.

La investigación del resto de empresas en las que se habían detectado la aparición de intrusos o falsos prejubilados se había encomendado hasta ahora al fiscal adscrito al Juzgado de Instrucción número 6, pero la Fiscalía Anticorrupción va a nombrar a otro fiscal adscrito a la plantilla de Sevilla para que se encargue de la investigación de todos los ERE como delegado de esta fiscalía especial.

Los motivos que han llevado a Anticorrupción a asumir esta investigación se encuentran en las últimas decisiones de la juez Alaya, que requirió todas las actas de los consejos de Gobierno de la Junta celebrados desde el año 2001 y de las actas de los consejos de Dirección de las Consejerías de Economía, Innovación y Ciencia, y de Hacienda y Administración Pública del mismo periodo.

Este requerimiento a la Junta, así como la decisión de imputar al ex consejero de Empleo Antonio Fernández y también al ex director de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero Benítez, llevan a la Fiscalía a considerar que la juez está dibujando una posible trama de "corrupción política", lo que determinaría la necesidad de que Anticorrupción asuma esta investigación, según las mismas fuentes consultadas.

La juez Mercedes Alaya decidió recientemente acumular todas las investigaciones de los ERE en una mismas diligencias previas, aunque se han abierto hasta 11 piezas separadas, una para cada una de las empresas que están siendo objeto de investigación: Mercasevilla, Bonpunt, Saldauto, Grafricromo, Calderinox, Cydeplast, Hitemasa, Springer Arteferro 2006, Surcolor, SOS Cuétara, Germans y Cash Lepe.