Bolaños imputa a otro alcalde socialista en los ERE y archiva el caso a 12 personas

La juez María Núñez Bolaños, que instruye la macrocausa de los ERE fraudulentos, ha citado a declarar el 26 de mayo en calidad de investigado al alcalde de Cazalla de la Sierra, Sotero Martín Barrero (PSOE), en relación con las ayudas concedidas a cuatro empresas de la Sierra Norte: Cortansa, Corchos de Cazalla, Servicios y mantenimientos de Cazalla de la Sierra y Enoword.

En un auto, Bolaños ha citado a declarar al alcalde y a otras cinco personas, y ha archivado la causa contra otros 12 imputados cuyos delitos han prescrito al haber transcurrido más de diez años desde que se concedieron las ayudas y se dirigió la causa contra ellos. Se trata de las primeras prescripciones de delitos que afectan a 12 de los más de 270 imputados en la macrocausa y a los que se concedieron en total 1,5 millones en ayudas, cantidad por la que Bolaños ha traído a la causa a las empresas beneficiarias como responsables civiles. La decisión de la juez se produce tras la resolución dictada por la Audiencia de Sevilla y a raíz del escrito remitido por la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2015 a la juez Alaya, que se marchó a su destino en la Audiencia sin acordar las prescripciones.

En el auto, María Núñez Bolaños señala que la petición realizada por el Ministerio Público debe ser estimada, "atendiendo a los razonamientos" expuestos por la Audiencia en el auto de 9 de marzo de 2016, puesto que, "al igual que en los supuestos analizados por la Audiencia Provincial, en el resto de los casos cuya prescripción solicita el Ministerio Público no existen otras resoluciones, previas a la del auto de 6 de febrero de 2015 que reúnan la condición de actos de interposición o de dirección Judicial contra persona determinada o determinable, de los que pudiera deducirse la voluntad judicial de no renunciar a la persecución y castigo del ilícito".

La magistrada coincide con la Audiencia en que "no es sino con el auto de 6 de febrero de 2015 cuando se colma la exigencia del artículo 132 del Código Penal respecto de las personas para las cuales pide el Ministerio Público la declaración de prescripción de los delitos de prevaricación y malversación", es decir, cuando se dirige contra ellos la causa al constar unos indicios presuntamente delictivos.

En todos los supuestos solicitados, prosigue Bolaños, se trata de ayudas en cuantía inferiores a 450.000 euros, en las cuales "podemos considerar no resulta de aplicación el subtipo agravado" para estos delitos, "acogiendo el criterio meramente objetivo sostenido por el Ministerio Público y estableciendo como límite la cuantía para la cual la normativa reguladora de la agencia IDEA, antes IFA, exigía pasar por la ratificación/aprobación del Consejo Rector, signo evidente de que la Administración pública concedente las consideraba de especial relevancia por su cuantía".

Los investigados cuyos delitos han sido declarados prescritos y, por tanto, quedarán impunes son: Antonio Diana Expósito; Antonio Florencio Suárez; José Gómez Muñoz; Eustaquio Reina (fallecido en enero de 2015) y José Reina Espínola; José Bermúdez Ávila y María del Rosario Rodríguez Barranquero; José Manuel Prieto Guerra; Luis García García; Miguel Ángel Sáez Fernández ; Joaquín Llano Heredia; y Beatriz Pérez Martín. Ésta última es hermana de la ex delegada de Medio Ambiente de la Junta en Sevilla e hija de un parlamentario del PSA, y percibió para Producciones Barataria ayudas por importe de 200.354,24 euros en 2004.

De otro lado, la juez Bolaños ha citado a declarar los días 24 y 26 de mayo a otros seis imputados relacionados con las ayudas a la Sierra Norte. Entre estas personas se encuentran Verónica Galloso Villalba, como receptora de pagos por importe de 60.000 hechos a modo de ayuda directa a empresa en fecha 12 de diciembre de 2006 y 23 de enero de 2007 por Estudios Jurídicos Villasís; Laura de la Cruz López y Beatriz Ponce de la Cruz por su participación en la obtención de ayudas a la empresa Venero de Móstoles S. L. por importe de 430.000 y 139.500 euros, cuyo último pago fue el 2 de noviembre de 2004; Rogelio Becerra Martín, en relación a su participación en la obtención de ayudas para las empresas Cortansa, corchos de Cazalla, Servicios y mantenimientos de Cazalla de la Sierra y Enoword; Sotero Martín Barrero y Fernando Pedro Moreira Oliveira Alves.