Cortés quiere evitar "daños irreparables" con la moratoria a los desahucios

El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, lo adelantó el día anterior y ayer lo aprobó el Consejo de Gobierno: el Ejecutivo andaluz planteará a los bancos una moratoria de cinco meses para que en ese período no se lleven a cabo desahucios en Andalucía mientras el Tribunal Constitucional decide qué hacer con el recurso presentado por el Gobierno central contra el decreto autonómico sobre la función social de la vivienda.

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, en otro capítulo más de su defensa a ultranza de la norma andaluza, insistió en que la Junta "no se va a rendir" para velar por el derecho a la vivienda. Ella misma, encomendada por el Gobierno autonómico, se encargará de los contactos con las entidades financieras para "evitar daños irreparables" si persisten los desahucios.

La petición, por escrito, a la banca, se desarrollará en las próximas fechas, "y veremos la capacidad de recepción de los bancos". La consejera recordó que dentro del decreto emplazaron a las entidades financieras a que comunicaran en el plazo de un mes las VPO que forman parte de sus balances. Cortés precisó que han sido 20 entidades las que han comunicado las VPO que forman parte de sus balances, algo que ahora se está trabajando y analizando en la Dirección general de Vivienda de la Junta.

"El decreto ley es una herramienta que da poder a los ciudadanos frente a las casi todopoderosas entidades financieras, y cuando el Gobierno recurre, defiende la propiedad privada de una élite económica de forma clara", agregó la consejera.

La iniciativa de la Junta fue anunciada ayer por el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel Vázquez, que aseguró que con este paso el Gobierno de Andalucía busca dar respuesta a la situación de "indefensión y angustia" en la que han quedado las familias que se habían acogido a este decreto y las otras muchas que también se podían adherir al mismo porque se encuentran en riesgo real de exclusión social.

"El texto es perfectamente constitucional y respetuoso con la doctrina que recoge el Tribunal Constitucional sobre la función social de la vivienda", volvió a insistir Vázquez, quien apuntó que en estos momentos se están redactando las alegaciones por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda para plantear el levantamiento de la suspensión cautelar.

En opinión del portavoz del Ejecutivo, "cuando se expulsa a una familia de su domicilio se le está produciendo un daño que es irreparable". Vázquez agregó que "este Gobierno de progreso no renuncia a una medida que se considera de justicia social". El portavoz recordó que el Parlamento está tramitando este decreto como proyecto de ley, que se aprobará en torno a septiembre. "Y una vez que lo apruebe los hombres y mujeres de Andalucía contarán con un nuevo instrumento para seguir combatiendo contra este drama", destacó el portavoz, para quien no tiene sentido que el Gobierno central haya recurrido este decreto cuando el PP-A no votó en contra de su aprobación y está participando en su tramitación como proyecto de ley.