Doñana, expulsada de la prestigiosa lista verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
Mazazo
La organización ambiental, la mayor del mundo, penaliza la mala gestión del parque natural por parte de la Junta de Andalucía
El Consejo de Participación de Doñana examina este lunes el acuerdo entre Junta y Gobierno
Estas son las claves del acuerdo sobre los regadíos de Doñana.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la mayor organización ambiental del mundo, ha expulsado de su lista verde al Parque Nacional de Doñana por la mala gestión de la Junta de Andalucía del espacio natural, cuya biodiversidad se ha visto deteriorada en los últimos años por culpa de la la agricultura intensiva, el turismo y la sequía, ente otros motivos, según ha adelantado este lunes El País.
Este mismo periódico asegura que hace dos semanas la UICN comunicó por carta a la Junta de Andalucía que Doñana quedaba fuera de su lista verde tras un exhaustivo análisis sobre la gobernanza y la conservación del parque que ha durado dos años. No obstante, la Junta de Andalucía asegura que esta decisión no le ha sido notificada.
Ninguno de los 77 enclaves en 60 países que forman parte de esta lista verde internacional había abandonado esta distinción de sostenibilidad. El Parque Nacional de Doñana es el primero en ser expulsado de este selecto grupo.
Esto supone un enorme mazazo para el parque y una gran pérdida de prestigio internacional.
La decisión se basa, según apunta El País, en que "por el momento, el sitio no cumple con el estándar de la Lista Verde de la UICN", confirma el director de áreas protegidas y conservadas de la organización, James Hardcastle.
Fuentes de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía han dicho este lunes que "no tienen constancia de que la UICN haya tomado esa decisión" y que no han recibido esa noticia desde el organismo internacional. Asimismo, han señalado que "los evaluadores de la UICN no han pisado Doñana", y han precisado que lo habitual, como ocurrió en junio en Sierra Nevada, es que los evaluadores visiten el espacio y en un determinado plazo, en este caso de seis meses, emitan un informe "de forma seria y con el territorio".
Además, según la Consejería de Medio Ambiente, "difícilmente se entiende que el detonante que habría llevado a la UICN a tomar esa decisión sea una ley que no se ha aprobado y mucho menos aplicado en el territorio", en referencia a la proposición de ley de mejora de los regadíos de la Corona Norte de Doñana que decayó a finales de noviembre tras la firma del acuerdo entre el Gobierno central y la Junta. "Estamos en ese nuevo marco de Acuerdo por Doñana y vamos a seguir trabajando por y para el Parque y su entorno", han asegurado.
Este mismo año se hizo público un informe emitido por diez expertos de este organismo internacional tras dos años de evaluación y el estudio de un total de 50 indicadores, de los que el espacio natural solo aprobaba 17. De los cuatro bloques evaluados: buena gobernanza, diseño y planificación del parque, administración efectiva y conservación exitosa, Doñana solo superaba el segundo y con apenas un 5; los expertos criticaron la "falta de acciones específicas" para gestionar las amenazas que enfrenta el espacio.
La UICN mantiene que a pesar de la exclusión de la lista verde, Doñana sigue siendo candidata a ser incluida en un futuro, algo para lo que apoyarán a las autoridades del espacio.
Reacción de WWF
La organización conservacionista WWF ha afirmado este lunes que la exclusión de Doñana de la lista verde de la (UICN) es "una muestra del mal rumbo que lleva este espacio natural debido a las políticas de Juanma Moreno y de la Junta de Andalucía".
El coordinador de la Oficina Técnica de WWF para Doñana, Juanjo Carmona, ha lamentado dicha exclusión, pues "ya no es distinguida como unos de los espacios naturales del planeta mejor gestionados". "Doñana está de nuevo en la casilla de salida porque no ha pasado la evaluación del grupo de expertos; no ha cumplido los indicadores, en especial aquellos que se refieren a la gobernanza", ha dicho, a la vez que ha recordado que a causa de las políticas que se están llevando a cabo "Doñana está enfrentada, además, con la Comisión Europea y la Unesco".
En su opinión, esto es así porque el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "está más preocupado por la amnistía a los regantes ilegales que han esquilmado el acuífero de Doñana que por conservar un espacio natural único en el mundo; no bastan las meras declaraciones, no bastan los eslóganes, la Junta tenía que haber hecho sus deberes y no los ha hecho", ha remachado.
Se ha referido a la intención de la Junta de Andalucía de modificar el Plan de la Fresa, del que apenas se han cumplido el 20 por ciento de las medidas a corto plazo que recogía, entre las que no se encuentra el cierre de las fincas ilegales, que es una cuestión que depende de la administración autonómica, alegando que "técnicamente no es riguroso y que está mal hecho".
"¿Cuántas sentencias en contra ha tenido este plan que hayan anulado un solo artículo del mismo, una sola coma o hayan declarado que el mismo es técnicamente no riguroso o está mal hecho? Las más de 60 que hay dicen todo lo contrario", ha remarcado. Desde WWF consideran que "se está buscando una excusa para no afirmar la realidad, que el Gobierno de Moreno continua en la misma senda de no cuidar Doñana, de no hacer nada en positivo por Doñana y lo único que pretende es volver al inicio del conflicto, reabrir el Plan de la Fresa, en este caso por la vía administrativa; ahondar en los problemas de Doñana y no poner en marcha las medidas que serían necesarias para propiciar su regreso a la lista verde".
"Lamentablemente estamos muy lejos de ello, porque el Gobierno de Moreno Bonilla está yendo contra Doñana con sus actos pese a que sus palabras vayan en otro sentido, y que oficialmente Doñana no forme parte de la lista verde de los espacios mejor conservados y gestionados del planeta es una muestra más", ha concluido.
Analizan el acuerdo entre Junta y Gobierno
Esta expulsión coincide con el Pleno del Consejo de Participación de Doñana, que analiza este lunes, en sesión ordinaria, el acuerdo alcanzado entre Junta de Andalucía y Gobierno central sobre medidas para el Parque Nacional.
El Pleno del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, que comienza a las 15:30 horas en primera convocatoria, y se reunirá en el Centro Internacional de Estudios, Convenciones Ecológicas y Medio Ambiente (Ciecema), se reúne por primera vez después de que el pasado 27 de noviembre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, firmaran un Acuerdo por Doñana con el que se da un paso adelante "muy importante" en la protección de este Parque Nacional y "también en las oportunidades de futuro de la comarca".
Durante el Consejo, como ha confirmado el portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, se analizarán "de forma pormenorizada" todas las aportaciones ciudadanas y alegaciones efectuadas al acuerdo por Doñana pactado con el Ministerio para la Transición Ecológica una vez que este viernes finalizar su plazo de exposición pública.
Acuerdo de Doñana
El acuerdo de Doñana, según han indicado ambas partes, beneficiará no solo a los cinco municipios de la Corona Forestal, sino a los catorce municipios del área de influencia de Doñana, por ello, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España se comprometen a invertir más de 1.400 millones en Doñana y su entorno, en medidas destinadas a proteger este Parque y fomentar la agricultura, la pesca, la ganadería, la industria, la artesanía, las energías renovables y las obras hidráulicas.
Además, el acuerdo recoge que el Gobierno andaluz impulsará obras hidráulicas por valor de 335 millones en depuración, abastecimiento y embalses y destinará 251 millones de fondos europeos a la agricultura y ganadería para modernizar explotaciones, diversificar la producción o mejorar la comercialización.
Proposición de ley
El acuerdo entre Junta y Gobierno central por Doñana ha sido posible después de meses de tensión entre ambas administración a cuenta de la Proposición No de Ley que tanto PP como Vox presentaron para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos municipales onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Propuesta a la que tanto el PSOE como el ejecutivo de la nación, además de organización ecologistas y sociales se opusieron a la misma.
Aunque en la pasada legislatura --en enero de 2022-- ya se registró una Proposición de Ley, el 3 de marzo, PP y Vox volvieron a presentarla con el objetivo de que terrenos que eran de regadío antes del Plan de Ordenación de 2014 sean considerados como tales dentro de las zonas B y C, zonas de una menor protección ambiental y que en 2014 se describieron, respectivamente, como "los espacios agrícolas intersticiales de la zona A" y "los terrenos no incluidos en las zonas anteriores".
Finalmente, tras meses de debate, la proposición fue aprobada por la comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento andaluz en el mes de septiembre con los doce votos a favor de PP-A y Vox, y el rechazo de los siete representantes del PSOE-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía Tras este paso, el parlamento fijó para el mes de septiembre el debate final de la PNL, pero fue retrasado al mes de octubre por su coincidencia con el Debate de Investidura de Alberto Feijóo.
Sin embargo, el pasado 3 de octubre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la por entonces vicepresidenta tercera en funciones, Teresa Ribera, mantuvieron un encuentro en Sevilla, tras el cual anunciaron la apertura de una vía de diálogo y se dieron un mes para alcanzar un acuerdo. Este principio de acuerdo estaba vinculado con un aplazamiento del inminente debate final de la proposición de ley, pero si el acuerdo no se alcanzaba, la propuesta continuaría su tramitación y sería aprobada a finales de octubre. Finalmente, tras más de un mes de reuniones entre ambas partes, el pasado 27 de noviembre Moreno y Ribera sellaban el acuerdo por Doñana, que conllevó, además, la retirada de la PNL.
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