LA presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dio ayer por zanjado el conflicto soterrado que mantenía con sus socios de gobierno de Izquierda Unida a cuenta de la anunciada visita del vicepresidente andaluz, Diego Valderas, ex coordinador regional de la coalición, al Sahara. Lo zanjó de forma expeditiva. Afirmó, en declaraciones realizadas en Villafranca de Córdoba, que Valderas ya conoce su posición sobre dicho viaje: ningún miembro del Gobierno que preside acudirá oficialmente a los campamentos saharauis. La última palabra de Díaz se difunde tras una manifestación de Diego Valderas, esta misma semana, ratificando su propósito de hacer el viaje dentro del primer trimestre de 2015, es decir, a corto plazo. El argumento de la presidenta de la Junta es rotundo: el Gobierno andaluz no debe intervenir en conflictos internacionales y debe respetar la posición que adopte el Gobierno de España en asuntos exteriores. Es decir, que cualquier tipo de relación con terceros países que suponga un conflicto internacional ha de quedar al margen de la acción del Gobierno bipartito que dirige la comunidad autónoma desde 2012. La verdad es que se hacía necesario despejar la incógnita sobre el contenido y el carácter de la visita de Diego Valderas al territorio del Sahara -que Marruecos reivindica como propio y el Frente Polisario afronta como un problema de descolonización y autodeterminación de los saharauis-, cuyo anuncio se produjo inmediatamente después de que Susana Díaz realizara un viaje oficial a Marruecos, el país fronterizo que comparte intereses de todo tipo con España. La actitud de Díaz es, por otra parte, la única posible. En el Estatuto de Autonomía vigente queda claro que Andalucía carece de competencias en materia internacional, que están depositadas con nitidez en el Gobierno de la nación. Este principio general se ve reforzado aún más en este caso, al tratarse de un asunto delicado y complejo, en el que España sólo puede tener una voz y una postura, que son las que corresponden al Estado y, en su representación, al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Gobierno de la nación en su conjunto. Diego Valderas no podrá, pues, viajar al Sahara en su condición de vicepresidente de la Junta de Andalucía. Si lo hace, será como representante de un partido político, Izquierda Unida, que como tal partido puede mantener las posiciones de política internacional que estime convenientes, pero sin representar a Andalucía. El malestar que esta decisión ha causado en IU quedará, eso sí, como un ejemplo más de los desencuentros y distanciamientos que se están registrando de modo creciente entre los dos socios de Gobierno de la Junta.