Los ex jefes de Formación se desmarcan de los informes de las intervenciones provinciales y las auditorías

Los ex jefes de servicio de la dirección general de Formación en Cádiz, Córdoba y Granada se han desmarcado de los informes de las intervenciones provinciales, que alertaban de irregularidades en las subvenciones concedidas por la Junta, y de la "fiabilidad" de las auditorías de justificación de las ayudas.

La comisión de investigación parlamentaria que busca establecer si hubo responsabilidades políticas en el presunto fraude que investigan 18 juzgados andaluces ha acogido hoy los primeros testimonios de los jefes de servicio de la dirección general de Formación, imputados por estas supuestas irregularidades. Antonio Vidal, que ocupó este cargo en Cádiz entre 2006 y 2013, ha abierto las comparecencias y ha puesto en cuestión el trabajo realizado por los auditores externos que verificaban la justificación de la documentación de los cursos y si se cumplía el fin para el que las entidades recibían las subvenciones. "Nos quejamos porque el sistema de justificación no nos daba tranquilidad. No sé si por escrito, pero se puso en conocimiento de los superiores", ha reconocido Vidal, que en su comparecencia -acompañado de su abogado- ha precisado que no le constan sanciones a estos auditores. El ex jefe de Formación ha explicado que en la época en la que él estuvo "no había" una herramienta, ni aplicación informática que "permitiera y alertará sobre el control" de las subvenciones, y ha calificado de "fatídico" el año 2013 -cuando las competencias de formación pasaron de Educación a Empleo- por la "mudanza" y el exceso de trabajo.

Por su parte, el jefe de servicio de Formación en Córdoba entre 2002 y 2012, Manuel Gavilán, se ha referido al informe elaborado por la Intervención provincial como "ejemplo de mala praxis", aunque ha exculpado al interventor, Antonio Escudero, de quien ha dicho que actuó con "rigor y profesionalidad". "El informe no tiene fundamento y la conclusión a la que llega se contradice con las salvedades que plantea", ha dicho Gavilán, que ha añadido que "con las limitaciones de alcance que hay y las salvedades que da no se puede concluir tajantemente que la entidad no ha cumplido con la normativa".

Ha asegurado que durante el tiempo en el que estuvo en su cargo "todos los procedimientos que se desarrollaron fueron en el cumplimiento riguroso de las normas de aplicación, tanto de la comunidad autónoma como del Estado, y en cumplimiento de las instrucciones de órganos superiores y de la Intervención General". Mientras tanto el jefe de servicio de la dirección de Formación de Granada entre 2007 y 2011, Magin Bolívar, ha asegurado hoy que durante su época "estaba controlada la cosa" y que los expedientes de los cursos de formación estaban completos, por lo que desconoce las irregularidades de las que habla la Intervención. "Desconozco esas irregularidades y no me cabe en la cabeza, por lo menos en mi época, que los expedientes solo tuvieran una hoja o que la carpeta estuviera vacía. Eso me parece inconcebible y por lo tanto no le puedo dar explicación", ha respondido Bolívar al ser cuestionado sobre qué cree que puede haber pasado desde que él certificaba que un expediente estaba completo y después le llegaba a los interventores con falta de documentación. "Más que falta de documentación puede pasar que haya un problema en la remisión de los expedientes", ha incidido Bolívar, quien ha añadido que no le "cabe en la cabeza" que haya expedientes en los que solo hay un folio, ya que normalmente eran un "tocho".

Los jefes de servicio han coincidido en la escasez de personal con la que contaban en sus departamentos y en que realizaban un seguimiento de los cursos que incluía visitas presenciales de los técnicos, en algunos casos, como el de Córdoba, "cumpliendo la normativa con creces" puesto que el seguimiento obligatorio por ley es del 5 % y se realizó "al cien por cien".