El Gobierno central ha allanado el camino para que la Junta de Andalucía pueda estabilizar por fin a los más de mil interinos que se encontraban en la antesala de ser despedidos por la falta de adecuación de la normativa autonómica a la Ley de la Función Pública. Lo ha hecho a través de un Real Decreto-ley en el que bajo el epígrafe de medidas en respuesta a las consecuencias de la Guerra de Ucrania, el volcán de La Palma y la trasposición de directivas comunitarias sobre sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional, agrupa un conjunto de medidas que permiten a las comunidades autónomas una mayor facilidad para convocar sus procesos selectivos de personal.

En concreto se trata del artículo 217 de dicha norma, por el que se "autoriza una tasa adicional a las Administraciones Públicas para que convoquen procesos selectivos conforme a la disposición adicional octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas para reducir la temporalidad en el empleo público, con la finalidad de garantizar en todo el territorio el derecho de acceso a los procesos de estabilización en condiciones de igualdad".

El artículo añade que "el número de plazas de la tasa adicional será el equivalente a aquellas de naturaleza estructural, ocupadas de forma temporal a 30 de diciembre de 2021, por personal con una relación de esa naturaleza anterior al 1 de enero de 2016, que no hubiera superado el proceso de estabilización convocado con un sistema selectivo distinto al previsto en la disposición adicional octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre".

Además establece que las ofertas de empleo público deberán estar aprobadas antes del 31 de diciembre de este año y las convocatorias resueltas antes del 31 de diciembre del próximo, "ajustándose a los principios de igualdad, mérito, capacidad y libre concurrencia".

La modificación de la Ley de Función Pública estatal era el principal escollo que impedía hasta el momento, la estabilización de las plazas ganadas mediante concurso, de mil interinos, en su mayoría mujeres con más de 50 años de edad y con 15 y hasta 30 ejercicios continuados en la Junta de Andalucía y que habían visto como la entrada en vigor de la norma nacional, paralizaba la estabilización de sus plazas.

La Junta había aprobado la Ley de Función Pública andaluza el pasado mes de junio, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox. En la misma, se determinaba la puesta en marcha de una bolsa de trabajo preferente para estos interinos, además de la creación de una comisión de seguimiento con la presencia de los sindicatos, que ofrecía mayores garantías a los trabajadores del cumplimiento de la misma.

El Gobierno de Sánchez acierta cuando rectifica. Al fin nos da la razón cuando dijimos que la Ley para estabilizar personal temporal perjudicaba a los #interinos de #Andalucía. Ahora adoptan la solución que ya planteábamos. Podrían haber evitado la penitencia de este colectivo https://t.co/e6YCiy6Uqn pic.twitter.com/uVQFSKdOVG

— José Antonio Nieto (@ja_nietob) June 29, 2023

No obstante, la falta de adecuación de la Ley de Función Pública nacional (la 20/2021) lastraba las oportunidades de una pronta solución a unos despidos que se habían hecho ya efectivos en algunos casos. También pesa sobre esta solución, el recurso al Constitucional que se presentó con anterioridad a una norma parecida y que fue estimado al considerar el máximo tribunal que su contenido no se justificaba con el objetivo de la medida aprobada por el Gobierno, aunque es previsible que en este caso no se llegue a producir.

Tras conocerse la publicación en el BOE del Real Decreto, el portavoz parlamentario, Víctor Torres, ha manifestado que el Gobierno de España y el Grupo Parlamentario Socialista han cumplido con las reivindicaciones de los interinos de larga duración cesados y no estabilizados por el Gobierno de Moreno Bonilla y los sindicatos y lo han hecho “con plena seguridad jurídica y garantías de derechos a los afectados, ya no hay más excusas para que el Gobierno andaluz incluya el 100% de las plazas ocupadas por las personas que cumplen los requisitos establecidos”.

Según ha explicado Torres, la tasa adicional, a través de OPEs deberá estar “aprobadas antes del 31 de diciembre de 2023 para cumplir el hito con Europa” y plazo sustancial de que las convocatorias estén resueltas antes del 31 de diciembre de 2024, y será el equivalente a aquellas de naturaleza estructural, ocupadas de forma temporal a 30 de diciembre de 2021, por personal con una relación de esa naturaleza anterior al 1 de enero de 2016, esto es, “los 1.049 interinos de larga duración cesados en los últimos meses por la Junta de Andalucía”.

Torres ha criticado la excusa que empleaba el Gobierno andaluz “de no haber superado los procesos de estabilización de las Ofertas Públicas de Empleo de estabilización derivadas los Presupuestos Generales del Estado 2017 y 2018”, y ha explicado que “la nueva disposición otorga o restituye el derecho que el Gobierno de Moreno Bonilla ha querido negar a los interinos de larga duración cesados”.

Torres ha recordado que hace mes y medio del acuerdo de la mesa sectorial y un mes de la aprobación de la Ley de Función Pública de Andalucía y “aún no se ha reunido, hasta hoy, la Comisión de seguimiento para el análisis de las plazas que cumplan los requisitos” pero hoy ya sabemos, vía respuesta a pregunta escrita del Grupo Parlamentario Socialista, “las plazas ocupadas que cumplen los requisitos que establece la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, por lo que no caben más excusas y el Gobierno andaluz solo tiene que cumplir la Ley” ha concluido.