El Gobierno y el PSOE andaluz recurrirán al Constitucional el decreto de simplificación

El PSOE de Andalucía también impulsará un recurso de inconstitucionalidad al decreto de simplificación aprobado por el Gobierno andaluz a principios de marzo. Lo ha anunciado este martes el portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Cámara regional, Manuel Jiménez Barrios, poco antes de conocerse que el Ejecutivo central hará efectivo su anuncio del pasado 14 de abril y recurrirá al Tribunal Consititucional la norma andaluza por invasión de competencias.

Con la decisión del Gobierno, confirmada por la ministra portavoz, María Jesús Montero quedará paralizado parte del decreto de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. Al ser la Administración central la que presenta el recurso, el procedimiento establece que la norma queda en suspenso hasta que se aclara la situación, al menos en los supuestos que, según el Ejecutivo central, invaden las competencias estatales.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública solicitó un informe al Consejo de Estado exponiendo dicho conflicto de competencias en materia de patrimonio histórico y en política audiovisual. El órgano consultivo, en su exposición, ha dado la razón al Gobierno. Según su informe, la eliminación de trámites para realizar pequeñas intervenciones en inmuebles considerados Bien de Interés Cultural (BIC) supone invadir las competencias estatales, al igual que ocurre con el aval a la empresa privada para la gestión de las emisorar municipales.

El Gobierno andaluz ha mostrado voluntad de entendimiento, pero aunque se resuelva el conflicto de competencias, el recurso impulsado por el PSOE andaluz es probable que sigua adelante, ya que no alude a reformas concretas de las incluidas en el decreto. Se trata de dos recursos distintos que irán por dos vías distintas, ya que los socialistas han optado por la fórmula que tienen a mano, que consiste en que 50 senadores del PSOE interpongan en la Cámara Alta el recurso. "Se trata de la Cámara territorial", ha explicado Jiménez Barrios, quien ha recordado que este trámite no podrá hacerse hasta que se abran los plazos administrativos, tras finalizar el estado de alarma.

Un recurso que discute la forma y el fondo del decreto

Los argumentos para acudir al Constitucional esgrimidos por los socialistas andaluces son la aprobación de dicha norma por la vía del decreto, lo que hace necesario justificar una urgencia que el PSOE no detecta. También aluden a su convalidación en una Diputación Permanente vigente en un periodo ordinario de sesiones, extremo que consideran irregular.

En esa voluntad de entendimiento se incluye la intención de que el decreto vuelva al Parlamento. Aunque fue convalidado hace un par de semanas, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha avanzado este martes que el Gobierno llevará al legislativo este decreto, buque insignia de la política del Ejecutivo de PP y Ciudadanos. Fuentes de la Junta explican que en ningún caso se tramitará el decreto como un proyecto de ley, pero tampoco está claro cuál será la fórmula elegida.

En el PSOE andaluz abogan por la derogación de la norma, que lleva ya semanas en vigor, para volver a registrarla y avanzar en un trámite que tenga en cuenta a la oposición. Jiménez Barrios también ha recordado que son varias las organizaciones que han solicitado su participación en la elaboración de la norma, sobre todo en el sector audiovisual. Sin embargo, no parece probable que la retirada de la norma esté entre los planes del Ejecutivo autonómico.

Marín, en su comaprecencia posterior a la reunión del Gabinete de Crisis con motivo de la pandemia de coronavirus, ha hecho una lectura llamativa de los dos recursos interpuestos contra el decreto de simplificación. Según el vicepresidente, el hecho de que el Gobierno central sólo vete determinados artículos, significa que "no sólo ve legal [el decreto] sino que considera que favorecerá la economía". Este recurso "mínimamente parcial", asegura Marín, contradice al veto integral que defiende el PSOE andaluz.

"Nosotros para dar mas garantias juridicas al decreto estamos en disposicion de negociar articulos con el Gobierno, pero también de llevarlo al Parlamento", ha reiterado Marín. La opción que queda, toda vez que no se puede convalidar un decreto ya convalidado, es que el Gobierno presente una reforma de una norma que no lleva en vigor ni un mes. Si esto ocurre, los artículos susceptibles de remodelación son los señalados por el Gobierno en su recurso, lo que evitaría la suspensión de esta importante norma que, según la Junta, servirá para poner las bases de la recuperación económica una vez que se supere la pandemia.