Granada es la primera capital en prohibir la prostitución callejera

Multas de hasta 3.000 euros a quien ofrezca o acepte sexo en cualquier espacio público

Efe · R. A. / Granada

26 de septiembre 2009 - 05:04

El pleno del Ayuntamiento de Granada aprobó ayer definitivamente, con el voto en contra de IU, la Ordenanza de la Convivencia, que impone sanciones de hasta 3.000 euros por la práctica y el ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública. La ordenanza, la primera en este sentido en una capital, entrará en vigor una vez que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia y contó el apoyo del PP y del PSOE.

El concejal de IU Francisco Puentedura denunció que "no se ha escuchado" a los colectivos que trabajan con personas en riesgo de exclusión y que el documento "situará en condiciones de mayor clandestinidad" a las personas que practican la prostitución y apuntó que determinar la ilegalidad de esta actividad no corresponde al Ayuntamiento. El concejal de Seguridad y Participación Ciudadana, Eduardo Moral, contestó que está entre las competencias municipales la ocupación del espacio público y que "sí se ha escuchado tanto a los colectivos como a los vecinos". Por su parte, la concejal socialista Ana Muñoz explicó el apoyo de su grupo con el argumento de que "favorecerá la convivencia", aunque apuntó que estará "vigilante" para que se cumpla y haya "buena voluntad política".

El texto prohíbe en el espacio público de todo el término municipal "las relaciones sexuales", así como "el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirectamente de servicios sexuales retribuidos" y "especialmente" cuando se lleven a cabo a menos de 200 metros de zonas residenciales, centros educativos o cualquier actividad comercial o empresarial. En los casos en que tenga lugar dentro de este perímetro la solicitud o aceptación de la prostitución se considerará una infracción muy grave, mientras que si se respeta esta distancia se entenderá como leve.

La Policía Local se limitará inicialmente a recordar a las personas que incumplan la normativa la prohibición y si persisten en su actitud se iniciará el procedimiento administrativo, que puede suponer multas de entre 1 y 750 euros en el caso de las infracciones leves y de entre 1.501 y 3.000 en el caso de las muy graves.

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