La Guardia Civil atribuye una malversación al diputado Sánchez Teruel en el caso Marismas

La Guardia Civil ha entregado un nuevo atestado al juez de Sevilla que investiga las irregularidades en procedimientos de contratación para adjudicar obras seguidos por la comunidad de regantes Las Marismas del Guadalquivir tras recibir en 2004 una subvención de 40,1 millones para la modernización de su red de riegos, en el que atribuye un delito de malversación de caudales públicos al secretario general del PSOE de Almería y parlamentario andaluz, José Luis Sánchez Teruel.

En este nuevo atestado ampliatorio entregado al juez de Instrucción número 16 de Sevilla, fechado el día 30 de septiembre y al que tuvo acceso Europa Press, los agentes del Equipo de Delincuencia Económica y Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de Sevilla ponen de manifiesto que existen "claros, tajantes y reiterados indicios" que hacen que "coja mayor consistencia" el delito de malversación de caudales públicos "que se viene investigando" en esta causa. Al hilo de ello, los agentes de la Guardia Civil aluden a continuación a todas las personas, entre ellas Sánchez Teruel, que serían responsables de este delito "por acción u omisión", ya que "tienen una participación imprescindible para que se facturen y autoricen las certificaciones" de obras "y por la omisión de fiscalización de la Administración".

En un primer atestado, los agentes atribuyeron a Sánchez Teruel, por su actuación como director general de Regadíos de la Junta de Andalucía, hasta cinco delitos: tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función, fraudes y exacciones ilegales, coacciones y pertenencia a grupo criminal.

En este sentido, los agentes destacan que Sánchez Teruel, "quien fue director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, tenía entre sus obligaciones planificar, supervisar, coordinar, tutelar la gestión y ejecución de fondos estructurales, relativos a las ayudas al desarrollo rural, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)".

Los investigadores añaden que el parlamentario andaluz "firma cada uno de los documentos contables imprescindibles para el pago de las certificaciones desde la 28 hasta la 34 y en adelante de las obras de mejoras de regadíos" de la comunidad de regantes, "dando su conformidad a lo certificado".