250.000 euros son demasiados para el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. Es incapaz de reunir esa cantidad. Ese es el argumento en el que basa su petición a la juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, para que lo deje en libertad sin fianza. Guerrero quiere dejar su celda en la prisión Sevilla I, a la que llegó el pasado 10 de marzo. Sí consiguió salir de la cárcel el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, quien reunió a base de donaciones los 450.000 euros que fijó de fianza la Audiencia de Sevilla.

El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, presentó ayer en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el escrito en el que solicita a la juez su puesta en libertad sin fianza "al no poder hacer frente" a la cantidad fijada por la propia magistrada el pasado mes de julio. También hace su solicitud "por una cuestión de equilibrio y equidad" entre los distintos imputados en la causa: Alaya dejó en libertad con cargos tanto a los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera como al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá.

Cuando la juez le impuso la fianza de 250.000 euros, la esposa de Guerrero llegó a enviar incluso un mensaje de texto desde el teléfono móvil de éste último a su círculo de amigos y conocidos para que le ayudaran a pagar dicha cantidad. No obstante, la medida no surtió el efecto deseado y ahora su abogado confía en que la magistrada lo deje en libertad provisional sin fianza. De Pablo defiende que su cliente tiene todas sus cuentas y propiedades embargadas, y no dispone de esa "elevada" cantidad.

En el escenario político, la temperatura no desciende en el caso de los ERE , antes al contrario. Los grupos parlamentarios siguen enzarzados en la gresca a raíz de las estrategias que unos y otros siguen en el seno de la comisión que investiga la trama en la Cámara.

La vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana María Corredera, acusó ayer a los socialistas y a sus socios de IU-CA en el Ejecutivo de haber pactado "desde el minuto uno" los resultados de la comisión. Para Corredera, ambas formaciones han decidido "no profundizar en este escándalo, el mayor de la democracia" y no dirimir responsabilidad política alguna. La dirigente arremetió contra el "rodillo parlamentario" para referirse al hecho de que el PSOE e e IU rechazaran la práctica totalidad de las 122 comparecencias que su partido solicitaba en la segunda ronda de la comisión de investigación. "Intentan evitar testimonios de personas que conocen la realidad de ocurrido", ha indicado.

Desde las filas socialistas, su vicesecretario general, Mario Jiménez, manifestó que en la gestión de los ERE de las empresas de la Faja Pirítica hubo una "gestión irregular" que era "conocida" por el actual presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, por lo que se verá "si se puede depurar alguna responsabilidad". "Habrá que ver si se puede depurar alguna responsabilidad en el orden administrativo y, en su caso, penal", dijo Jiménez. Y la consejera de Presidencia, Susana Díaz, insistó en el asunto al asegurar que Zoido "no dijo todo lo que sabía" sobre las prejubilaciones financiadas con fondos estatales.