Imputados el alcalde de Vejer y su antecesor por prevaricación y malversación

José Ortiz (PP), alcalde de Vejer, y su predecesor en el cargo, Antonio Jesús Verdú (PSOE), han sido imputados por la Fiscalía de Cádiz por un supuesto delito de prevaricación y malversación. Ambos concurren como candidatos de sus partidos en las elecciones municipales del 24-M y comparten una imputación por la misma causa, que también se ha ampliado a cinco concejales del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento, entre ellos el de Urbanismo, Daniel Sánchez, también diputado provincial.

La Guardia Civil de Cádiz citó a los siete y les informó de las causas que determinan su imputación. Verdú acudió solo y se acogió a su derecho de no declarar, algo que también hicieron Ortiz y sus concejales, que en este caso acudieron a la capital gaditana juntos. Esto sucedió el pasado mes de marzo y desde entonces la Fiscalía ha continuado con la investigación de los supuestos delitos.

La denuncia parte de una ex trabajadora municipal, Adelina Martín, responsable en su día de los Servicios Sociales, y que tras muchos años de trabajo fue despedida por el equipo de Gobierno que llegó al poder en 2011. El bufete de abogados de Ramón Dávila se encargó de su defensa y denunció al Ayuntamiento por presuntas presiones psicológicas sobre esta trabajadora, que habría caído en una depresión que requirió tratamiento médico, lo que a su entender fue aprovechado para aplicarle un despido objetivo. La trabajadora denunció en su día presiones para cambiar informes de asistencia social relativos a personas a quienes el actual alcalde quería que se le concedieran beneficios sociales.

En la denuncia aparecerían informes de la Intervención Municipal donde se alerta de posibles irregularidades. Una de ellas, que afecta tanto a Verdú como a Ortiz, sería la puesta en funcionamiento de un servicio de guías turísticos en Vejer y en la playa de El Palmar. Presuntamente, para poder burlar los mecanismos de contratación pertinentes se habría llegado a un acuerdo con una asociación de chicas a las que se les pagaría sueldos raquíticos por hasta 14 horas de trabajo. Según parece estas mujeres no habrían pasado ningún proceso de selección ni habrían estado dadas de alta como trabajadoras municipales.

Pero los casos que la Fiscalía está investigando con más interés son los de adjudicaciones de obras y trabajos en la población que supuestamente no habrían contado con el visto bueno del interventor. Fuentes cercanas al caso aseguran que una de las malas prácticas habituales que se estaría investigando sería la presunta adjudicación de trabajos de elevadas cuantías y parcelarlos, es decir, firmar 15 o 20 contratos de servicios menores para que las cantidades no resultaran muy llamativas.

La Fiscalía también está investigando irregularidades en el Consistorio vejeriego durante la etapa socialista por la utilización del principio de caja única, utilizando dinero de subvenciones europeas para diversos proyectos con el fin de pagar nóminas municipales.