Lanzas exigió una mordida de 1,2 millones para "repartir en la Junta"

Una mordida de hasta 1,2 millones de euros por intervenir en un ERE, pero de los cuales el conseguidor Juan Lanzas Fernández sólo recibió 11.000 euros. El empresario Jorge Andrés Morell Villette, presidente honorífico de la empresa Aglomerados Morell, aseguró ayer a la juez Mercedes Alaya que el ex sindicalista de UGT le exigió una comisión de 1,2 millones para conseguirle financiación para un ERE y una subvención para trasladar a su empresa a otra localidad. Según Morell, Lanzas justificó la exigencia de esa cantidad porque tenía que "repartirlo entre gente de la Junta".

El empresario, que está imputado por tres delitos -prevaricación, malversación y tráfico de influencias-, ratificó su declaración ante la Guardia Civil, a la que relató que la comisión que Lanzas le pidió a cambio de conseguir las subvenciones públicas era para "pagar favores a aquellos que tenían que concederlas" y apuntó que Lanzas tenía que hacer pagos a "cargos intermedios". Morell contó a los agentes que Lanzas le dijo: "A ver si tú te crees que trabajo solo; tú no sabes lo que tengo que pagar y engrasar para conseguir estas subvenciones".

El empresario reconoció ayer a la juez que entró en contacto con el conseguidor a través de la familia Ruiz-Mateos y que Lanzas le pidió 1,2 millones de euros para empezar a trabajar, el 15% de las subvenciones que necesitaba, porque esa cantidad tenía que "repartirla con gente de la Junta", insistió, aunque en realidad sólo llegó a pagarle unos 11.000 euros, de los cuales 7.000 fueron a través de empresas vinculadas al testaferro Juan Francisco Algarín, y 4.000 a través de la consultora Siemur, del cuñado de Lanzas Ismael Sierra. Morell añadió que Lanzas le decía que accediera a sus pretensiones porque él era quien sabía cómo se conseguían las subvenciones.

El propietario de Aglomerados Morell afirmó que en la reunión en la que le pidieron esa mordida estaban también su hijo, Luis Morell, Lanzas, y su cuñado, Ismael Sierra, pero negó expresamente que acudiera el ex delegado de Empleo Antonio Rivas.

El ex sindicalista, según indicó el imputado, también le dijo que tenía que trasladar su empresa desde la localidad de Santiponce hasta Villanueva del Río y Minas Lanzas y le indicó que tenía que hacer un ERE y despedir a una veintena de trabajadores y contratar a empleados de esta población, algo que el empresario no consideraba necesario porque sus trabajadores ya estaban formados y a los nuevos había que darles cursos de formación.

Morell pagó siete millones por la fábrica Mateos en Villanueva del Río y Minas, por lo que, contando con sus recursos propios, necesitaba una subvención de 2,5 millones de la Consejería de Empleo y otros dos millones de Innovación. Morell testificó que el entonces delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, le propuso que le iba a conseguir una subvención de dos millones de euros pero le advirtió que tendría que fraccionar el pago en ayudas de 440.000 euros para que la autorización no tuviera que pasar por el Consejo de Gobierno, según fuentes del caso.

Al final, Morell percibió unos tres millones en ayudas públicas: 1,2 millones por las pólizas del ERE, dos subvenciones por importe cada una de 440.000 euros, un aval de 920.000 euros -aunque el banco sólo le concedió 600.000 euros-, otros 10.000 euros en incentivos para el plan de viabilidad y 60.000 euros en cursos de formación. Según Morell, la entonces candidata del PSOE a la Alcaldía de Villanueva del Río y Minas, María José Cervantes, que ya ha declarado ante la Guardia Civil, le "impuso" a las personas que tenía que contratar para la nueva fábrica, llegando incluso a ser recriminado al saltarse estas indicaciones en un par de ocasiones. El empresario añadió que gracias a que colocó a estas personas, Cervantes -que actualmente es directora del área de Igualdad en la Diputación de Sevilla- ganó las elecciones municipales y se convirtió en alcaldesa.

Por último, Morell afirmó que Empleo le ha impuesto una sanción de 600.000 euros y ha añadido que tiene su pensión embargada por un juzgado.

Tras la declaración de este empresario, compareció ante la juez su hijo, Luis Morell Muñoz, quien ratificó la declaración de su padre, aunque puntualizó que la comisión que les exigió Lanzas representaba en realidad el 30% de las ayudas públicas que necesitaban.

Al término de estas declaraciones, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares que ejercen la Junta de Andalucía y el sindicato Manos Limpias solicitaron una fianza de responsabilidad civil de 3,1 millones de euros, mientras que para Luis Morell exigió una fianza algo menor, dado que éste no fue incluido en ninguna de las pólizas como sí ocurrió con Jorge Andrés Morell.