Málaga empadrona a 15 familias que viven de okupas en corralas

Las familias de las corralas constituidas en Málaga tras ocupar de forma ilegal edificios -en su mayoría propiedad de bancos- ya han comenzado a empadronarse en sus respectivas juntas de distrito. Hasta el momento, han sido un total de 15 las personas que, según precisó el concejal de Asuntos Sociales, Francisco Pomares, lo han conseguido. La previsión es que la cifra vaya en aumento. De hecho, el Ayuntamiento, que gobierna Francisco de la Torre (PP), ha recibido cerca de una treintena de solicitudes que actualmente están en proceso de resolución. "No esperaba tantas, pero se beneficiarán todos los que hagan falta. Lo importante es que tengan ese aval y lo ejerzan. Es justo", afirmó el edil.

Una posibilidad que el Consistorio justifica por la "estabilidad social de los núcleos familiares en el entorno" y que ha comenzado a ofrecer a aquellos colectivos que, aunque de forma ilegal, están asentados en su vivienda desde hace, al menos, tres meses, requisito que es la propia Policía la que se encarga de corroborar a través de una visita al domicilio de los demandantes.

La actuación, dada a conocer en mayo y que ahora se ha hecho efectiva, responde, principalmente, a los problemas que las corralas venían denunciando al escolarizar a sus hijos por no figurar en el padrón. Asimismo, tendrán luz verde para acceder a las ayudas sociales y contratar servicios como la luz o el agua.

El portavoz de la asamblea Intercorralas, José Cosín, especificó que se trata de "un paso muy importante" y aplaude la medida impulsada por el Consistorio, aunque no considera que deba "dar las gracias por ejercer un derecho que nunca se debió vulnerar". "Pedimos comprensión por la difícil situación que hemos pasado, puesto que algunas familias no tienen agua, luz o saneamiento en su hogar. Vivir en estas condiciones ni es digno, ni propio de una sociedad civilizada", recalcó el letrado, que lamenta que se "empuje a estos colectivos a la exclusión social por ser víctimas del desahucio".

La resolución llega también después de que el Ayuntamiento haya analizado jurídicamente el hecho de empadronar a familias okupas y entendiera "que no había perjuicio para el propietario de los inmuebles". "Es un derecho básico. Desde que lo anunciamos, nadie ha llamado para quejarse", subrayó el concejal.

"Han tardado tres meses, pero más vale tarde que nunca", declaró ayer Lidia, una de las ocho mujeres que constituyeron la corrala Las Luchadoras hace año y medio y que ya figuran en el padrón. Una lucha que comenzaron para tener la posibilidad de escolarizar a sus hijos y acceder a las ayudas. "Ya puedo pedir el salario social y una tarjeta en Cruz Roja de 40 o 50 euros al mes para comida", precisó.