Oferta de Empleo Público

Opositores y funcionarios se movilizan contra el concurso de méritos de los interinos

  • La Iniciativa Legislativa Popular promueve un sistema de concurso basado en méritos y años de experiencia, sin oposición, en las áreas de Educación, Sanidad, Justicia y Administración General

  • Su aprobación perjudicaría sólo en la Administración General a más de 20.000 funcionarios de carrera

  • Los letrados dudan de una oferta de empleo para 30.000 interinos

Imagen de una de las últimas oposiciones del SAS Imagen de una de las últimas oposiciones del SAS

Imagen de una de las últimas oposiciones del SAS / Belén Vargas

Funcionarios y opositores se muestran en contra de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) admitida a trámite por el Parlamento de Andalucía el 25 de septiembre sobre la estabilización del empleo público temporal en la Junta de Andalucía de funcionarios interinos en la Administración General, Administración de Justicia y Administración Educativa, así como del personal eventual de la Administración Sanitaria. 

Esta ILP pretende aprobar un sistema de concurso que se base únicamente en la valoración de méritos, sin tener en cuenta ningún tipo de examen ni oposición, algo que consideran injustos funcionarios de carrera, opositores y las personas que se encuentran inmersas en el proceso selectivo bajo el Decreto 213/17, que han iniciado una recogida de firmas en la plataforma Change.org para lograr el máximo apoyo popular posible. 

El Sindicato Andaluz de Funcionarios también considera esta medida "totalmente injusta e inmoral" y advierte que "serían muchos y gravísimos los perjuicios y perjudicados en caso de aprobarse". 

Perjudicados por la ILP de los interinos

"Sólo en la Administración General, esta iniciativa perjudicaría a los casi veinte mil funcionarios de carrera que ya prestan sus servicios", aseguran desde el sindicato. "La carrera administrativa de estas miles de personas quedaría relegada con la entrada de esos nuevos funcionarios, que serían los grandes beneficiarios sin tener que demostrar méritos y capacidad de ningún tipo, ya que no tendrían que pasar el filtro en los pertinentes exámenes".

Otro de los "grandes perjudicados", según destaca el Sindicato Andaluz de Funcionarios, sería el colectivo de opositores. "Son miles de personas las que con un gran esfuerzo físico, económico y familiar, están preparando oposiciones para alcanzar un trabajo digno en la administración andaluza. Muchos de ellos se encuentran en situación de desempleo, sin prestación alguna o con trabajos precarios y cargas familiares. Sin tener en cuenta las academias preparatorias de oposiciones, abocadas al despido de preparadores como consecuencia de esta I.L.P."

El Sindicato Andaluz de Funcionarios considera la ILP "totalmente injusta e inmoral"

"Al hacer funcionarios sin examen ni oposición a miles de interinos con más de 15 años trabajados y algunos casi 30 años, podemos olvidarnos del traslado mediante concurso si se lleva menos años trabajados, ya que será imposible superarlos en el baremo del concurso", explica Lucía Mosquera Gálvez, funcionaria interina de la Administración de Justicia.

"Muchos de estos falsos interinos que llevan trabajando cerca de 30 años en la Administración nunca se han presentado a unas oposiciones, a pesar de tener oportunidades para hacerlo, porque gracias a sus años de experiencia, siempre conservaban su plaza", continúa la joven, que lleva estudiando oposiciones desde febrero de 2014. "Muchos de los que se van a beneficiar de esta iniciativa son afiliados del PSOE que nunca han cogido un libro y cuya experiencia deja mucho que desear. Sin embargo, hay personas como yo que nos hemos sacrificado y llevamos años estudiando para nada, porque ellos siempre estarán por delante de nosotros".

También se verían afectadas por esta ILP las personas que se encuentran inmersas en el proceso selectivo bajo el Decreto 213/17. Muchas de ellas se encuentran actualmente en el proceso de autobaremo de la fase de concurso, es decir, ya han superado la fase de oposición (el examen).

"A mitad de nuestro proceso nos hemos visto sorprendidos por la admisión a trámite de dicha iniciativa legislativa, donde nos hemos encontrado una disposición que señala que si los procesos selectivos en los que estamos inmersos no finalizan antes de la aprobación de la ILP -cosa que sabemos que es posible que ocurra, ya que ha habido procesos selectivos que han durado hasta 3 años-, las plazas que hemos ganado de forma legal, a través de un examen y posterior concurso, con el acuerdo de la administración, sindicatos y todos los que pagamos nuestras tasas de examen, serán automáticamente para los interinos, simplemente porque sí, con cero sustento jurídico", explican en la petición de apoyo popular publicada en Change.org.

Argumentos de los interinos para aprobar la ILP

Los defensores de esta ILP, que ha salido adelante en el Parlamento de Andalucía con 50 votos a favor y 57 abstenciones, justifica su tramitación por el gran número de interinos existentes como consecuencia de "no haber afrontado con acierto" las limitaciones de las partidas presupuestarias a nivel estatal, especialmente desde 2012, que "han dificultado el desarrollo y mantenimiento de los servicios y prestaciones públicos".

También alegan el "abuso en el tiempo de duración de los nombramientos de funcionarios interinos y personal eventual en el conjunto de Administraciones Públicas de España", como indican las "reiteradas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", según recoge el BOPA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía). 

Con esta ILP, se persigue, por un lado, "elevar los estándares de calidad", y, por otro, evitar una posible avalancha de demandas, reclamando el carácter indefinido e indemnizaciones por despido.

En total, el Gobierno andaluz tiene previsto ofertar unas 30.000 plazas temporales, siendo la Administración Sanitaria la más beneficiada con 18.618 plazas.

"Si quieren eliminar la temporalidad, me parece perfecto, pero que saquen a concurso público todas las plazas de interinos existentes y que se pueda acceder a ellas por oposición y en igualdad de condiciones", reclama Lucía Mosquero, una de las afectadas. "Este fraude no es nuevo, siempre ha existido. Si no hubiera cambiado el gobierno andaluz, todo seguiría igual. 

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