El Partido Popular andaluz se apoyó ayer en una reciente providencia, emitida la pasada semana por el juez Álvaro Martín, que investiga las seis primeras piezas separadas en que se ha dividido el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, para insistir en criticar la actitud "de obstruir" de la Junta en dicho procedimiento. El PP-A aseguró que ha habido una clara intencionalidad política "de dificultar el procedimiento" por parte del Gobierno andaluz.

La vicepresidenta de Organización de la formación, Patricia Navarro, afirmó ayer en Málaga que con la prescripción de algunas de las imputaciones de los ERE se pierde la oportunidad de recuperar el dinero que pudieron recibir algunos imputados. Acusó a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y al ex presidente andaluz José Antonio Griñán de "obstruir y dificultar el procedimiento, así como de desprestigiar y despreciar a los jueces".

Tras la rueda de prensa, el PP remitió una providencia dictada el pasado 11 de marzo en la que el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Álvaro Martín, recuerda que el 27 de enero se le requirió a la Junta de Andalucía diversa documentación. "Dado el tiempo transcurrido desde que se libraron los oportunos despachos, recuérdese su urgente cumplimiento", subraya el juez tras requerir la documentación "a través de la representación de la Junta de Andalucía, a la Intervención General de la Junta de Andalucía, así como a la Junta de Andalucía".

En el auto del 27 de enero, se requirió a la Intervención General de la Junta para que remitieran cualquier informe o documento elaborado en el periodo 2000-2012 y destinado a los miembros de los órganos de gestión de las agencias y empresas públicas de la Junta, en particular a las personas de la Consejería de Hacienda que formaban parte del Consejo rector de IFA/IDEA.

El juez pidió la relación de personal que participó en los trabajos y elaboración de los informes de control financiero permanente de IFA/IDEA, así como el informe de cuentas anuales y el informe de cumplimiento del periodo 2001-2012. El instructor también pedía el detalle de funciones desarrolladas por los mismos en cada ejercicio, así como de aquellas personas que participaron en la elaboración por la Intervención de las Memorias sobre Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre Control Financiero Permanente de los ejercicios 2004 a 2007.

Navarro insistió en que el Gobierno ha puesto permanentes trabas y obstáculos ante la solicitud de mayores medios materiales y humanos por parte de los juzgados y que también han tardado en dar la documentación requerida.

Por todo ello, desde el PP andaluz están convencidos de que no han puesto todo el empeño en llegar al fondo de las cuestiones relacionadas con este caso de corrupción ni en depurar al máximo las responsabilidades políticas y, "por supuesto tampoco, en recuperar el dinero defraudado", apostilló Navarro.