El alcalde de Torremolinos pagó miles de euros a la protectora investigada

El Ayuntamiento de Torremolinos subvencionó con decenas de miles de euros a la Asociación para la Protección y Defensa de los Animales de Torremolinos Parque Animal. La sociedad está dirigida por Carmen Marín, que está imputada por la presunta muerte ilegal de casi 3.000 perros y gatos en apenas dos años tras su detención en 2010, desde que en 2001 le otorgó la concesión del servicio de recogida, transporte y albergue de animales perdidos y abandonados en el municipio, y cuyas instalaciones fueron construidas también en terrenos de titularidad municipal. Incluso el propio alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, firmó y defendió en una comisión de gobierno una moción para autorizar a la directora del centro una ayuda de 6.000 euros para esterilizar a gatas callejeras.

Esta asociación constituida sin ánimo de lucro, que presuntamente pagó entre 2005 y 2006 unos 55.487 euros en varios cheques y sin factura a una empresa propiedad del hermano y del sobrino del regidor de Torremolinos, recibía una cuantía anual por la prestación del servicio municipal que tenía concedido, además de subvenciones puntuales.

La investigación llevada a cabo hasta el momento por la Guardia Civil no ha podido determinar la totalidad de la cantidad de dinero que la protectora recibió de parte del Ayuntamiento desde 2001.

Pero sí constan varios documentos, a los que ha tenido acceso este periódico, en los que la directora de Parque Animal solicitó al Consistorio dos subvenciones consecutivas por importe cada una de ellas de 6.000 euros para este fin el 10 de diciembre de 2001 y el 26 de marzo de 2002. En septiembre de ese mismo año, Fernández Montes presentó y firmó una moción en la comisión de gobierno del Ayuntamiento para proponer una subvención de 6.000 euros para la continuación de la campaña de esterilización de gatas dado, añade textualmente el documento, que "es un método de control de poblaciones menos cruento que la eutanasia".

Sobre la cuantía que la directora de Parque Animal recibía cada año desde que en 2001 le fue concedido el servicio municipal de recogida de animales abandonados, variaba según el presupuesto presentado cada año. Solamente para 2006, la cantidad presupuestada por la protectora para prestar el servicio de recogida y albergue de los perros y gatos encontrados en el municipio ascendía a 24.875,75 euros, según asegura la propia Carmen Marín en su petición remitida al Ayuntamiento, y calculado según "el estudio realizado sobre la base de nuestra experiencia".

En 2010, justo el año en el que el Seprona destapa el exterminio de animales en esas instalaciones, el pliego de condiciones técnicas elaborado por la delegación de Medio Ambiente para la contratación del servicio establecía para la adjudicataria un importe de 26.542,62 euros, más el IPC anual.

Para poder justificar el masivo sacrificio, según las diligencias, la directora del centro llegó supuestamente a falsificar la firma de veterinarios. El Seprona también descubrió que cobraba de forma sistemática 60 euros en concepto de tasas de mantenimiento a las personas que entregaban un animal, algo no permitido para las asociaciones sin ánimo de lucro.