"Yo no voy a decirle a los ciudadanos de Andalucía qué financiación necesitan, que defiendan sus intereses siempre, pero no voy a aceptar que me digan, que me limiten cuál es el sistema de financiación que Cataluña necesita". Esta aseveración del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no dejaría de ser una gota más en el mar de reclamaciones de Cataluña si no fuese porque su partido, ERC, es un aliado del Gobierno de Pedro Sánchez y porque el otro partido independentista, Junts, tiene abierta con el PSOE una mesa de diálogo en Suiza sobre la financiación catalana.

Hay quien sostiene que la mención que hizo Aragonès a los andaluces el miércoles pasado no fue al azar, sino que llevaba implícito un mensaje a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero, el baluarte en el Gobierno contra la fragmentación de la bolsa común que propone Cataluña, pero el temor en la Junta y en otros sectores a que Pedro Sánchez vuelva a ceder, tal como hizo con la ley de amnistía o con la publicación de los datos de las balanzas fiscales, es mayúsuculo. A todo esto también se negó el PSOE y después transigió. La duda subyacente, bastante racional a juzgar por la capacidad de presión de los independentistas, es si del fruto de la negociación, de la que depende la continuidad de Sánchez, se llegará una situación intermedia entre el cupo catalán y la situación actual, una fórmula mixta que detraiga algunos fondos de la cesta común como punto intermedio hacia el concierto fiscal.

30.000 millones de menos

Fuentes de la Consejería de Hacienda coinciden con otros institutos en que la cifra que detraería del común el cupo catalán sería de 30.000 millones de euros, una cantidad que "supondría la ruptura del Estado y de su función de redistribuidor de la riqueza y de cohesión territorial". Desde Hacienda, gobernada por el PP, se recuerda que el PSOE de Andalucía también pensaba de este modo, pero la apertura de la negociación con Junts les hace pensar en un giro sobre sus postulados anteriores. 

La ministra de Hacienda sigue manteniendo que Cataluña seguirá en el régimen común y que el nuevo modelo de financiación garantizará servicios públicos de calidad a todos los ciudadanos, con independencia de donde vivan.

El rechazo del resto de las autonomías al cupo catalán se basa en la experiencia del cupo vasco, que está reconocido en la Constitución. Fruto de los consensos de la Transición, al País Vasco se le dejó la recaudación de todos los impuestos, su gestión y, como compensación al Estado por las competencias no transferidas a esta comunidad, se le obliga a pagar una cantidad a la Hacienda española. Esa cantidad es el cupo, que se negocia cada cinco años y cuyo volumen actual es de 1.467 millones de euros. Eso es lo que pagan los vascos al resto de España, a pesar de ser uno de los territorios con mayor renta.

Aunque el modo de calcular el cupo se conoce, los elementos que componen la balanza de los ingresos y los pagos forman parte de un acuerdo político opaco. Fedea, que es el instituto español que mejor analiza la financiación autonómica, sostiene que algunos ejercicios el balance ha sido positivo para el País Vasco, de modo que ha recibido más de lo que aporta.

¿Quién paga las jubilaciones vascas?

Otro factor que ha puesto en cuestión al modelo vasco es el déficit de la Seguridad Social que arroja esta comunidad. El balance entre las cotizaciones que pagan los trabajadores vascos y lo que cobran sus jubilados es negativo, tanto que lleva años oscilando entre los 3.000 y 4.000 millones de euros, pero ese déficit lo cubren todos los españoles por medio de los Presupuestos Generales del Estado. ¿Está pagando el País Vasco a través del cupo ese saldo negativo? A ciencia cierta, no se sabe, porque el sistema es tan opaco que impide conocer todos los detalles del balance. Fedea sostiene que esta comunidad foral debería pagar al Estado 2.146 millones de euros por ello, que es casi la mitad de su cupo.

El resto de las comunidades también generan déficit con la Seguridad Social, pero están integradas en la misma cesta común que recoge todos los impuestos. Muchas de ellas, como Andalucía y Cataluña, dejarán de ser deficitarias cuando la situación económica mejore, pero la conjunción de una población envejecida y pensiones altas provocan la insuficiencia vasca sea permanente.

Así que el reflejo del cupo vasco en el catalán genera un rechazo pleno en el resto de las comunidades. De todas éstas, las tres únicas que aportan de modo neto al balance son Madrid, Cataluña y Baleares, por lo que también se corre el riesgo de que los madrileños también reclamen un fórmula similar. Todo ello llevaría a la disolución del sistema y al incumplimiento del artículo 138 de la Constitución, que garantiza la solidaridad y el equilibrio entre los distintos territorios. Este mismo artículo rechaza la existencia de privilegios, aunque el cupo vasco se parece bastante a ello.

La solidaridad se ejerce en España entre personas, porque son los individuos los que pagan los impuestos y reciben los servicios, y entre generaciones, porque la actual es la que paga las jubilaciones de los pensionistas. No hay un titular de los contribuyente catalanes, ni siquiera pagan más que el resto, lo que ocurre es que en Cataluña se concentran rentas mayores y, por tanto, la recaudación es mayor. 

La propuesta de Aragonès es más grave, porque el fondo de solidaridad que propone para el resto de las comunidades sólo es transitorio; es decir, que al final Cataluña se quedaría con todos los ingresos. Es decir, que su solidaridad tiene fecha de caducidad.

Para Andalucía, el problema es doble, porque no ha solventado aún su infrafinanciación cuando los socios del PSOE vienen presionando en un sentido que agravaría aún más la suficiencia de la Hacienda andaluza. Aunque en nuestra comunidad se recauda menos dinero, todo apunta a que el esfuerzo fiscal es mayor que en Cataluña o en Madrid. Según las seis balanzas fiscales que se publicaron antes de 2017, Andalucía aportaba a la cesta común un porcentaje mayor que el que le correspondería por PIB. Así, en 2015, contribuyó con el 14,6% cuando su PIB fue el 13,9%.

La negociación con Junts ha quedado detenida hasta después de las elecciones catalanas de mayo. Aun es más difícil que se apruebe un nuevo Sistema de Financiación Autonómica, porque exige el acuerdo entre PSOE y PP, pero lo que intentarán ERC y Junts es negociar de modo bilateral un modelo exclusivo para su comunidad.