Un juzgado inicia una investigación por la compra de votos para el PP en Torreblanca

El juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla, en funciones de guardia, dictó ayer un auto en el que abre diligencias previas para que se investigue la denuncia presentada por el PSOE de Sevilla contra un cargo de confianza del gobierno de Zoido y dos representantes de la asociación de vendedores ambulantes de Torreblanca por un delito electoral. A los denunciados se les acusa de promover una compra de votos para el PP a cambio de ayudas sociales.

La denuncia ha sido admitida a trámite al entender el juez que pudiera haber hechos delictivos. Así, ayer le dio traslado también al Ministerio Fiscal. El juzgado de Instrucción número 11 será el encargado de investigar unos hechos que ayer se encargó de negar el propio candidato del PP, Juan Ignacio Zoido, que atribuyó a "un estado de nerviosismo en el PSOE".

Tal y como ha venido publicando este periódico, desde primeros de mes se ha realizado en el barrio un buzoneo y reparto masivo de octavillas con el logotipo del PP donde se invita a los vecinos a que acudan a la sede del distrito para contar sus necesidades y apuntarse en una lista, con el objeto de poder optar "en un futuro" a ayudas de diferente tipo, desde reparto de alimentos a ayudas sociales y de vivienda o cursos de formación.

Un equipo compuesto por personal de la asociación de ambulantes y del propio distrito se ha encargado desde el día 5 de mayo, en horario vespertino los lunes, martes y miércoles, de atender a los demandantes, que han guardado incluso colas en la sede municipal. En dichas reuniones, y según confirma una grabación aportada por el PSOE, los denunciados explican "el favorecimiento de las políticas del gobierno municipal del PP" para la obtención de un paquete de medidas sociales de las que, de apuntarse en una lista, se podrían beneficiar, "induciendo directa o indirectamente a votar al PP" en las inminentes elecciones municipales.

El alcaldable socialista, Juan Espadas, recordó ayer que había pedido "explicaciones" a Zoido, ante lo que a su juicio constituye "un acto infame, un atentado a la democracia". Como el alcalde "no da ninguna explicación", el PSOE se vio "obligado a acudir al juzgado de guardia". Zoido insistió en que durante los cuatro años de su gobierno se han dado todas las prestaciones sociales "bajo expedientes transparentes, tramitados por los funcionarios y resueltos por éstos".