El Juzgado de Instrucción número 2 de Arcos de la Frontera (Cádiz) ha admitido una querella contra el alcalde, José Luis Núñez (PP), y otros ocho concejales de PP y de la formación Alternativa Independiente Progresista (Aipro), partidos que gobiernan en coalición, por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en los que habrían incurrido tras la supuesta contratación irregular de 25 familiares y personas afines en el Ayuntamiento.

La querella fue presentada a título particular por el edil socialista Joaquín Macías en septiembre de este año y ratificada en diciembre, y se dirige contra el alcalde; el senador del PP y edil de Infraestructuras, Obras y Servicios, Sebastián Ruiz; el edil de Urbanismo, Manuel Erdozain (Aipro); el de Hacienda y Personal, Carlos de la Barrera (PP); la de Asuntos Sociales, Juana María Morales (PP); el de Turismo, Manuel Romero (Aipro); el de Cultura, Domingo Jesús González (PP); el de Medio Ambiente, Francisco Muñoz (Aipro), y Petra Macías (Aipro), responsable de la Delegación de Jédula.

La denuncia -adelantada por El Mundo- expone que "desde el mismo momento de su toma de posesión", los querellados habrían venido ordenando, "a veces directamente, y otras a través del responsable de Hacienda y Personal, el concierto de contratos temporales de personal laboral en el Ayuntamiento con familiares directos suyos y de otros delegados municipales, así como de miembros de las candidaturas a las elecciones municipales de 2011".

La querella sostiene que el concierto de los contratos de trabajo se ha realizado "con olvido del procedimiento legalmente establecido y omitiendo el procedimiento de selección" a través de convocatoria pública y "sin la previa fiscalización del Servicio de Intervención para constatar que la Administración poseía crédito suficiente para contratar".