La juez de Instrucción número 4 de Majadahonda investiga si la empresa que habilitó en 2021 el estadio de la Cartuja para la Eurocopa, Gruconsa, fue el vehículo de supuestas mordidas que habría cobrado, entre otros, el anterior presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales. La juez Delia Rodrigo Díaz autorizó la semana pasada varios registros, entre éstos los del Estadio de la Cartuja y el domicilio granadino de Rubiales. Gruconsa fue contratada por la sociedad del estadio, después de recibir una subvención de la Junta.  

El Consejo de Gobierno andaluz dio aprobó subvención de 4,9 millones de euros a la sociedad del estadio, participada en un 40% por la Junta, y a la vez firmó un convenio de asesoramiento técnico con la RFEF para adecuar la instalación, y una de las empresas beneficiarias, con obras por valor de 900.000 euros, fue Gruconsa. Su directivo en Sevilla era Ángel González Segura, hermano de Pedro González Segura, que ha sido director jurídico de la RFEF hasta que ambos fueron detenidos la semana pasada por la Guardia Civil . 

El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha asegurado este lunes que fue la sociedad de estadio de la Cartuja el que sacó a concurso las licitaciones de las obras bajo las premisas de "concurrencia y publicidad". 

Gruconsa y Cartuja son dos de las palabras que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil teclearon en el registro que hicieron la semana pasada en la sede de la RFEF, en las Rozas. Los investigadores, bajo la dirección del juzgado de Majadahonda, trata de averiguar si dinero que cobró Gruconsa por obras en el estadio de la Cartuja terminó en una red de sociedades de la que pudo beneficiarse Luis Rubiales. Éste será detenido al regreso de unas vacaciones en República Dominicana.

Gruconsa es una empresa dedicada, entre otras obras, a las instalaciones deportivas. Su directivo en Sevilla, Ángel González Segura, es hermano del director financiero de la RFEF, y ambos fueron detenidos la semana pasada en el curso de la investigación de la juez de Majadahona. Es el epicentro de esta instrucción.

El Consejo de Gobierno de la Junta concedió una subvención de 4.956.000 euros a la sociedad del estadio de la Cartuja. El Consejo fue extraordinario y se convocó con ese único punto, aunque ese mismo día celebró otro de carácter ordinario de cuyos resultados sí se informó ese mismo día. La aprobación la llevó al Consejo el entonces consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, y el dinero se obtuvo de una partida destinada a las ayudas sociales de las guarderías. Contaba con el informe de la Intervención General de la Junta.

Sólo un día después, el 5 de mayo, la sociedad de la Cartuja firmó un convenio de asesoramiento técnico con la RFEF para que le indicase qué tipo de adecuación debía realizar para albergar partidos de lata competición, entre éstos los de la Eurocopa 2020, que se celebraron en 2021 a causa del Covid. Este convenio ha permanecido en secreto hasta el 29 de marzo, cuando el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía obligó a publicarlo a la sociedad del estadio. Fue el periódico El Independiente el que solicitó a Transparencia este acuerdo con la RFEF.  

Fruto de esa colaboración, la sociedad de la Cartuja encargó obras por valor de 900.000 euros a Gruconsa, la empresa ahora investigada. No fue, por tanto, la RFEF la que encargó las obras, sino la sociedad participada al 40% por la Junta, 25% por el Gobierno central, 19% por el Ayuntamiento de Sevilla, 13% por la Diputación y un 3% por los dos clubes de fútbol de Sevilla.