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De la deuda histórica a la brecha maternal
Sanidad
Sevilla/El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) ha mostrado este jueves su "rotunda oposición" a la implantación de un sistema MIR independiente en Cataluña.
Para los médicos andaluces, esa decisión "no solo supone una ruptura en el sistema de convivencia, hermandad y unión en Cataluña y en toda España, sino que quiebra todos los derechos humanos y fundamentales". El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos añade en una nota de prensa que un MIR para Cataluña "rompe también con todos los principios inspiradores del Derecho de la Unión Europea".
"La propuesta de un examen MIR independiente en Cataluña es una proposición de un sistema excluyente por motivos de poderes e intereses ajenos a la sanidad y la profesión médica que solo puede llevar a consecuencias mucho más graves que esta medida en sí misma", subrayan los médicos andaluces.
Esa independencia generará "desigualdad entre los catalanes, el resto de españoles y los propios ciudadanos de la Unión Europea, en cuanto que es una medida que quiebra con los principios de igualdad, universalidad y profesionalismo, entre otros", destacan.
La ordenación de la profesión médica corresponde a las organizaciones médicas colegiales según el marco normativo sanitario y, desde este punto de vista, consideran que "es inadmisible un desarrollo de la ordenación profesional excluyente y al margen de la ordenación de las profesiones de España".
Ese "afán de exclusión no tiene cabida en las sociedades democráticas avanzadas" y además genera "riesgos para el avance de la calidad médica, no solo en relación con la salud, sino también en lo referente al respeto a los Derechos Humanos de trato igual, independientemente de ideología, raza, nacionalidad u otros", concluyen los médicos andaluces.
El miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darías, precisó que la oferta de plazas de formación sanitaria especializada para 2021-2022 será de 10.634 plazas y quiso dejar claro que "no está en la agenda del Gobierno ningún traspaso" sobre esta materia, algo que precisamente pidió la semana pasada el Ejecutivo catalán en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat.
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