¿Qué pasa con el salario social?

La Junta de Andalucía recibió el pasado año 70.662 solicitudes de andaluces para recibir el salario social, la mayor cifra de su historia. Sólo 22.636 de estas peticiones fueron aprobadas en el año en curso. La ausencia de respuesta al resto de peticiones ha llevado a todo tipo de especulaciones, críticas de ayuntamientos, asociaciones y colegios de trabajadores, denuncias casi diarias en la página oficial de la presidenta de la Junta preguntando por qué no paga el salario social, colas de demandantes en delegaciones provinciales desde primera hora de la mañana, la apertura de una queja de oficio del Defensor del Pueblo andaluz y un eco que, sin embargo, no ha llegado a la agenda de los partidos políticos, sumergidos en el proceso electoral.

El pasado febrero se reunió de nuevo la comisión que concede el salario social y aprobó otras 21.500 solicitudes, que ya deberían estar cobrando la ayuda. Previsiblemente habrá una nueva reunión en las próximas semanas con el cálculo de incorporar a otras 8.600 personas, según los datos facilitados a esta redacción, tras tres semanas de requerimientos, por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Entonces la cifra superará los 50.000 beneficarios, aunque se quedaría por debajo de los 55.710 de 2013, cuando se recibieron 65.901 solicitudes.

Hay que recordar que el salario social es una ayuda que concede la Junta de Andalucía para personas sin otro tipo de recursos, de apenas 400 euros mensuales durante sólo un semestre, que se incrementa en función de los componentes del núcleo familiar, que existe desde 1991 pero está regulada por una orden, es decir, no por una ley, por lo que a diferencia de ayudas como las de la ley de dependencia es una media graciable de la Administración. En los últimos años, desde la irrupción de la crisis, las peticiones se han incrementado considerablemente y con ello el esfuerzo de la Administración para dotar de presupuesto a este programa, que alcanzó los 114 millones en 2013 y los 90,6 en 2014.

Pero en este último ejercicio algo ha fallado. Según explica María José Sánchez Rubio, la consejera de la Junta responsable de esta materia, se ha intentado cambiar la dinámica de esta prestación. Pese a que la propia orden que la regula establece que la concesión del salario social debe estar vinculada a un compromiso de inserción, sólo en la década de los 90 tuvo algún desarrollo. Con la aprobación de los decretos ley de medidas urgentes para la inclusión social, la Junta ha intentado vincular de nuevo la percepción de esta ayuda a un compromiso sociolaboral, pero sin éxito.

"Ha sido un poco complicado", señala la consejera, "al final conseguimos que el Servicio Andaluz de Empleo nos pasara los datos y nosotros les pasamos las valoraciones de los servicios sociales comunitarios. Ha habido esa relación, pero cuesta trabajo emprender este camino".

La consejera celebra que 16.150 personas se han reubicado con estos planes y señala que un 19% del total de empleos que se han creado con los nuevos programas han sido personas que habían solicitado el salario social.

La respuesta que han recibido estos meses los demandantes por parte del servicio de reclamación del salario social también aludía a problemas informáticos generalizados que habrían afectado y ralentizado los cobros. La consejera señala que "algo ha habido, por el sistema nuestro de nóminas, al pasar créditos de un año para otro, pero es normal. Entre esas dos cosas se ha retrasado todo un poco", justifica.

La consejera anuncia una modificación de estos planes de empleo para conseguir que entren los peticionarios del salario social. Se trataría de ofrecer un empleo (coyuntural, vinculado a estos planes urgentes) y, si no se justifica de manera adecuada la negativa, sólo entonces, pasarlos al salario social, explica la consejera sin más detalle.

Sánchez Rubio también confía en que los cambios que se introduzcan lleven a la Administración andaluza a cumplir con los plazos de resolución. La orden de salario social establecía tres meses de resolución desde que entra la solicitud hasta que la Administración resuelve sobre ella (no hasta que paga), pero Junta de Andalucía redujo ese plazo a dos meses.

Evidentemente, ese plazo no se ha cumplido y la consejera no puede más que reconocerlo, aunque limita a "casos puntuales" que los retrasos hayan llegado hasta un año.

Este extremo lo confirma la institución del Defensor del Pueblo andaluz, que el pasado año recibió 140 quejas por el salario social, cuatro veces más que en 2013. En febrero la institución que dirige Jesús Maeztu, poco habituada a la crítica a la Junta, dictó una resolución en la que pidió "agilidad" y se comprometió a estar "atenta" a la ejecución de este programa.