Las pesquisas se amplían a las ayudas a otras 24 empresas por 49 millones

La investigación de las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo se ha extendido a otras 24 empresas que recibieron un total de 49.191.433,68 euros. La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, notificó ayer un auto en el que ordena a la Policía que investigue todas estas ayudas, entre las que se encuentran las concedidas a la multinacional Heineken España, por importe de más de 16 millones de uros, y a los ayuntamientos sevillanos de Los Palacios y Santiponce, que recibieron de la Consejería de Empleo 901.518,16 y 871.467 euros, respectivamente.

Además de las subvenciones a estos dos consistorios, la juez también ha pedido que se investigue la ayuda de 901.518 euros otorgada a la sociedad de Desarrollo Local El Pedroso (Sodelp), de la que supuestamente el Ayuntamiento de esta localidad -de donde es natural el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que también fue alcalde de El Pedroso- no recibió 50.000 euros.

En el listado de las empresas que van a ser investigadas se encuentran la Sociedad Cooperativa Andaluza de Familias Agrícolas, que recibió 1,2 millones; Corchos de Cazalla, a la que se concedió ayudas por otros tres millones de euros; o Bética industrial, que recibió 880.000 euros.

El listado se completa con las ayudas concedidas a TGA Aeroestructuras -un millón de euros-, Matadero Sierra Morena -3,8 millones-, Ballut Dehesas de Calidad, SK 300 Aeronáutica y SK Andalucía, Capital Andaluz Siglo XXI, Tierra Virgen Alimentación, Uvesa, Centro de Limpieza industrial Huévar, Restaurantes andaluces de calidad, Corsevilla, Elaborados Cárnicos Andaluces, Gres Vilches, Grupo TPM inversiones plásticas, TAMC, Marco de Estudio y Proyección siglo XX, MSM Montanera de Jabugo y, por último, Promi Muebles Madera.

La juez Alaya también ha pedido a la Policía Judicial que amplíe la investigación ya realizada sobre otras empresas como Bonpunt, Auxiliares de Bonpunt, Germans, Ros Fotocolor, al considerar que de acuerdo con el tercer atestado policial no han quedado claras las posibles irregularidades y "las personas que ilícitamente podían haber cobrado prestaciones que no les correspondían". En el auto, la juez también solicita a la Junta de Andalucía, a través de su representación legal en la causa, que remita los informes que hubieran realizado sobre los ERES muertos, los que "no están en vigor".

Por último, la juez Alaya ha requerido a la Cámara de Cuentas "toda la documentación e informes que posean" sobre las ayudas excepcionales en materia de trabajo y seguridad social realizadas por la consejera de Empleo para trabajadores o empresas en crisis.

La juez entregó ayer a las partes de un DVD con más de 100.000 folios digitalizados con copias de los documentos remitidos por la Intervención General de Junta y otros documentos, así como de los expedientes remitidos por la Consejería de Empleo.