"Me siento el más perjudicado de todos en Marbella". El promotor granadino José Ávila Rojas se presentó ayer en el juicio por el caso Malaya como una víctima del gilismo y de su discutible política de urbanismo porque todas las parcelas en las que tenía proyectos amparados por la revisión del plan general de ordenación urbana de 1998, que nunca llegó a ser aplicable, han acabado reservadas en el planeamiento vigente para equipamientos o para suelo verde.

Ávila Rojas aprovechó las preguntas del fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero para afirmar que Marbella le tendrá que "resarcir" y devolver las cantidades que entregó durante los gobiernos del GIL para edificar en esos suelos que después han quedado fuera del ordenamiento urbanístico. El promotor granadino ha reclamado por vía judicial la devolución de 8,5 millones.

El fiscal Anticorrupción le preguntó por los cinco millones de euros que aparecen vinculados a sus iniciales en la contabilidad secreta de Juan Antonio Roca. El empresario reconoció que se trataba de entregas que él había realizado, pero rechazó que respondieran a pagos ilegales para obtener licencias o autorizaciones municipales para construir. Explicó que eran negocios en común que tenía con Roca.

Su manera de hacer negocios residía en buscar socios que aportaran el suelo y a los que él pagaba unas veces con viviendas y otras con los beneficios obtenidos en las promociones inmobiliarias. De esta forma es como acabó teniendo al menos cuatro promociones con Roca, aunque nunca supo con total seguridad cuál era el grado de participación del ex asesor de urbanismo de Marbella en las sociedades que le aportaban el suelo.