Los grupos parlamentarios tienen de plazo hasta el próximo martes para proponer comparecencias de agentes sociales y organizaciones para opinar sobre la proposición de ley del PP y Vox que promueve la regulación de los regadíos de la corona norte de Doñana, un asunto que ha generado un conflicto entre Junta y Gobierno.

La proposición de ley pretende la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos municipales onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, en el entorno del Parque Nacional de Doñana, y que fue tomada en consideración por el pleno de la Cámara el pasado 12 de abril.

Una vez que fue aprobada la toma en consideración de la iniciativa, con el único apoyo de PP y Vox y el rechazo los partidos de la izquierda -PSOE, Por Andalucía y Adelante-, la proposición de ley se envió a la comisión parlamentaria de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, para su articulación.

La mesa del Parlamento decidió el pasado 19 de abril comenzar la tramitación fijando un plazo para que los grupos presenten sus propuestas de comparecientes, entre los que se da por seguro que esté la Plataforma de Regantes del Condado, impulsora de la norma y que aglutina a unos 1.500 agricultores que carecen de derecho a tener agua.

De la misma forma, los partidos de la oposición propondrá la comparecencia de científicos y ecologistas, entre ellos, con toda probabilidad, el presidente del Consejo de Participación de Doñana, el biólogo Miguel Delibes.

Las comparecencias de los expertos podrán prolongarse alrededor de tres semanas y a partir de entonces los grupos dispondrán de un plazo de ocho días para registrar sus enmiendas a la proposición de ley, por lo que dicho trámite sería ya en el mes de junio, después de las elecciones municipales del 28 de mayo.

No obstante, cuando se abra el plazo de presentación de enmiendas, los partidos de la oposición ya han anunciado que no van a participar en este trámite y no presentarán ninguna ya que consideran que, al contrario de lo que cree el Gobierno andaluz, la iniciativa no es mejorable sino que sencillamente hay que eliminarla.

Por tanto, al margen de la disputa que mantienen Junta de Andalucía y Gobierno de España sobre esta iniciativa, que ha contado también con las críticas de la Comisión Europea, la iniciativa sigue su curso en el Parlamento autonómico pese a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pedido que se retire para sentarse a negociar.

Desde la Junta, que se insiste en que la proposición de ley no está aún aprobada, no se renuncia a encontrar una solución entre ambas administraciones y sigue insistiendo en que debe haber un diálogo, para lo que ha llegado a pedir al comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, que pida una reunión entre ambos gobiernos.

La proposición de ley recupera el espíritu de la que se presentó en 2022 por PP, Ciudadanos y Vox, pero que decayó al producirse el adelanto electoral y que propiciaban que terrenos que eran de regadío antes del Plan de Ordenación de 2014 sean considerados como tales en las zonas B y C, zonas con menor protección medioambiental.

No obstante, el texto actual ha quedado enmendado por PP y Vox, que apuntan a que estos terrenos podrán obtener derechos de aguas, que procederán de aguas superficiales, salvo que la administración hidráulica de la Demarcación Hidrológica donde se encuentren estos terrenos establezca un origen de recursos diferentes.