La juez cita como testigo al presidente de la CHG en la causa contra dos ex altos cargos

La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha citado a declarar como testigo el próximo 5 de febrero al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Manuel Romero, en la causa abierta contra el ex Comisario de Aguas Rafael Álvarez Giménez y al ex jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica Agustín Pastor Turullols, por haber intentado beneficiar a la empresa de dos socios de éste último funcionario con un informe en el que avalaba sus tesis sobre el embalse de La Breña y con el que esta empresa podría reclamar 15 millones de euros.

La citación se produce después de que los dos imputados comparecieran ante la juez, según han informado fuentes judiciales, que han explicado que la instructora ha decidido citar ahora a declarar como testigo al presidente de la CHG.La denuncia contra ambos funcionarios fue presentada por la Fiscalía de Sevilla y su investigación ha correspondido al juzgado de Instrucción número 3, cuya titular encargó además un informe a la Guardia Civil para que esclarezca los posibles vínculos entre el ex jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica y dos socios suyos en otras empresas. También ha encargado otro informe a la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Se da la circunstancia de que el funcionario imputado también emitió, en menos de siete días, un informe favorable -sobre la compatibilidad de las actuaciones a desarrollar- a petición de la empresa Emerita, perdedora del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar y cuya adjudicación a Minorbis investiga la misma juez de Instrucción 3. La instructora, siguiendo la denuncia de la Fiscalía, imputó al funcionario Agustín Pastor Turullols, que fue destituido por el Ministerio de Medio Ambiente como jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, por tres delitos -de estafa procesal en grado de tentativa, de negociaciones prohibidas a los funcionarios, y cohecho-; mientras que al ex Comisario de Aguas Rafael Álvarez sólo le atribuye el delito de estafa procesal en grado de tentativa y en calidad de cooperador necesario.

La fiscal jefe, María José Segarra, asegura que el funcionario Agustín Pastor Turullols realizó con fecha 29 de diciembre de 2014 un informe a petición de la empresa Salto de la Breña sobre la presunta compatibilidad de la concesión vigente a esta sociedad con la construcción posterior de un nuevo embalse, La Breña II, con una capacidad ocho veces superior y que inundó por completo la presa La Breña I, para cuyo aprovechamiento se le había otorgado la concesión. La empresa pretendía que ese aprovechamiento era "factible", porque estaba contemplado en las bases del concurso de La Breña II y en la propia construcción de la presa.

Agustín Pastor Turullols es socio de los miembros de la empresa beneficiada por su informe en Gabinete de Promociones Costa Golf S.A y Transporte de Cenizas y Cementos (Trancesa), lo que supone según la Fiscalía una "relación de confianza y unión de intereses económicos entre el denunciado y la empresa que resultaría beneficiada por su informe, pues en todo este procedimiento lo que se hallaba en cuestión era evidentemente el importe de la indemnización a percibir por parte de la empresa, cuya concesión había devenido en inútil".

El informe fue solicitado al funcionario para ser aportado en un pleito en el que la Abogacía del Estado pretendía que se declarase la imposibilidad material de ejecutar la sentencia que declaró la nulidad del rescate de la concesión que le fue otorgada en su día a Salto de la Breña, algo que, según la fiscal, era "plenamente conocido por los denunciantes, quienes lo realizaron para favorecer a los intereses económicos de la empresa".

La denuncia añade que el funcionario era "absolutamente incompetente para emitir el informe, más teniendo en cuenta que en el mismo se incluyen consideraciones jurídicas y técnicas ajenas a la competencia de la oficina que dirige", y añade que el dictamen contraviene además el criterio mantenido por la sociedad estatal Aquavir (Aguas de la Cuenca del Guadalquivir) -que sostenía que la concesión no puede reponerse a su estado original, existiendo una incompatibilidad funcional entre La Breña I y La Breña II, de ahí la necesidad del rescate de la concesión a favor de La Breña I como compensación-, por la Dirección General del Agua y por la propia CHG, entidad que intervino tanto en la supervisión del proyecto de construcción de La Breña II como en la incoación del correspondiente expediente de rescate.

El informe fue requerido "directamente" a la Oficina de Planificación Hidrológica, "al margen de todo procedimiento legal o reglamentariamente establecido y sin que la presidencia ni la secretaría general tuvieran conocimiento".