Diario de Sevilla

El Metro no llegará a la Ciudad de la Justicia de Sevilla hasta 2036 como muy pronto, según el último cálculo efectuado por la Junta de Andalucía. En 2028, también de acuerdo con los planes de la Administración, estarán allí todos los juzgados, todas las secciones de la Audiencia y la Fiscalía. Eso significa que al menos durante ocho años, que no son precisamente pocos, un lugar al que diariamente acuden miles de profesionales y usuarios no dispondrá de una infraestructura que todos, incluido el Gobierno andaluz, señalan como “la solución definitiva” al problemón de movilidad de un complejo ubicado en mitad de ninguna parte.

Ese anuncio, en un sector ya de por sí reacio a la mudanza, ha provocado la inevitable y unánime crítica de todos los operadores jurídicos, con conceptos como “despropósito”, “contratiempo” o “fiasco” para calificar esta especie de dilación indebida que por una vez en la vida es agravante y no atenuante.

Hay una regla no escrita en el periodismo para no informar de los suicidios. Sin embargo, como todas las reglas, siempre hay excepciones. Es el caso de la trágica muerte de Sandra Peña Villar, donde el suicidio de la menor escondía una situación grave de acoso escolar que, a pesar de que fue denunciada hasta en dos ocasiones, no había llevado a las Irlandesas de Loreto a activar el protocolo antiacoso.

La juez reabre la investigación por la muerte de tres trabajadores el pasado 4 de abril en el derrumbe de una nave en una finca agrícola de Coria del Río, al paso de un tornado. La magistrada ha dictado un auto en el que estima el recurso que presentaron los familiares de las víctimas y la Fiscalía, y en el que la propia instructora reconoce que su decisión de acordar el archivo fue "precipitada".

Un verdadero cisma jurídico en el seno de la Audiencia de Sevilla. Las sentencias del Tribunal Constitucional que en 2024 ampararon a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros ex altos cargos que fueron condenados por la concesión de las ayudas de los ERE han dividido a los magistrados de la Audiencia de Sevilla.

El protocolo de actuación médico-forense ante la violencia sexual en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses del año 2021 lo deja meridianamente claro. Dice que el forense debe estar atento a lo expresado por la víctima “con el fin de generarle confianza y seguridad”. Y también que las respuestas a sus inquietudes serán “oportunas, respetuosas y sensibles”.

Sigo pensando que la “cuestión prejudicial” tiene poco recorrido y lo único que va a hacer es dilatar aun más el cierre de la denominada “pieza política” de los ERE, después de que el Tribunal Constitucional tumbara las condenas de los ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Guste o no guste la decisión de la corte de garantías, lo cierto es que debe acatarse, incluso por la propia Audiencia de Sevilla.

La alargada sombre de los ERE sigue persiguiendo a la familia del que fuera principal imputado en la macrocausa, el ex director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero. El Tribunal de Cuentas ha condenado ahora a los herederos de Javier Guerrero, fallecido el 11 de octubre de 2020, a indemnizar a la Junta con 68.058,05 euros, en relación con los dos "intrusos" que aparecieron en el ERE de la empresa sevillana Surcolor.

El cese se ajustó a Derecho. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia que analiza los cargos de libre designación y su dependencia con los políticos que los nombran, destacando cómo la pérdida de "confianza y afinidad" son motivos suficientes para acordar el cese.

La Justicia vuelve a la actividad tras el parón de agosto. A nivel nacional lo hace con la polémica sobre si el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por revelación de secretos por las supuestas filtraciones relacionadas con el novio de Isabel Díaz Ayuso, debe asistir al acto solemne de apertura del año judicial que se celebra el próximo viernes, 5 de septiembre.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sanción impuesta a un cabo del consorcio de Bomberos de la Diputación de Sevilla por usar expresiones soeces con sus subordinados, a los que llegó a decir "yo soy el jefe del grupo y aquí se hace lo que mi polla diga" y trató de ridiculizarlos después de que uno de ellos solicitara ir al baño antes de subirse a un vehículo para realizar un servicio

A la compleja instrucción que se inició aquel 19 de enero de 2011 le quedan aproximadamente tres años para su cierre. Este es el tiempo que se calcula que se tardara en completar la instrucción de los 65 procedimientos que están actualmente "vivos", es decir, en tramitación, en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, según han confirmado a este periódico fuentes jurídicas y del caso.

La Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista, que ha devuelto un total de 41.649,42 euros procedentes de una subvención que el Ayuntamiento de Sevilla concedió al comedor social que cerró en 2023 tras el escándalo del desvío de alimentos.

La intérprete vuelve a criticar la actuación de los agentes, señalando que "se les fue de las manos" y afirmando que incluso algunos de los policías "pidieron perdón por ello", al tiempo que acusa a los policías de haber intentando "dibujar esa noche como si fuera el Bronx".

Antonio Tejado insiste en su inocencia. El sobrino de María del Monte ha pedido al juez de Instrucción número 16 de Sevilla que archive la causa contra él por su presunta participación en el asalto al chalé de María del Monte e Inmaculada Casal, al considerar que no hay indicios de su presunta participación en los hechos.

Sevilla lleva casi 15 años a la vanguardia de la instrucción y enjuiciamiento de las denominadas "macrocausas", lo que ha generado no sólo problemas en los juzgados de Instrucción donde recaían estos macroprocesos, principalmente por delitos relacionados con la corrupción, sino también en las Secciones Penales de la Audiencia de Sevilla, encargadas de celebrar estos juicios que se han prolongado durante años y han acabado con sentencias dispares en muchos casos.

Un juez de Sevilla ha ordenado al propietario de un local que tiene alquilado como negocio de hostelería la retirada de la totalidad de veladores por el exceso de ruido que provocaban y que, según calificó un perito, constituía "un infierno" para los vecinos dado que contaba con más de 50 mesas y un centenar de clientes en una calle peatonal

Más gasto en combustible que en alimentos. La Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista, que ha devuelto un total de 41.649,42 euros procedentes de una subvención que el Ayuntamiento de Sevilla concedió al comedor social que cerró en 2023 tras el escándalo del desvío de alimentos, presentó 29 facturas para tratar de justificar un gasto en "gasolina y butano" de 2.749,85 euros en un periodo de seis meses, pero ante el reparo de la Interventora municipal estas facturas fueron finalmente rechazadas.

Tres trabajadores fallecieron el pasado 4 de abril en el derrumbe de una finca de Coria del Río, con motivo del paso de la borrasca Nuria y la formación de un posible tornado. La familia de uno de los fallecidos, ha presentado una denuncia en la que considera que los hechos pueden ser constitutivos de un triple homicidio imprudente y otro delito contra los derechos de los trabajadores.

El juez Togado Militar Territorial de Sevilla ha impuesto una orden de alejamiento de 300 metros al teniente de la legión destinado en Ronda (Málaga) que ha sido denunciado por una presunta agresión sexual por una dama legionaria destinada en el mismo acuartelamiento, según recoge el magistrado en un auto en el que justifica la medida porque la víctima está "aterrorizada" desde que sucedieron los hechos, durante una fiesta en las pasadas Navidades, y tiene miedo de encontrarse al oficial por la calle.

La actriz María León, que fue condenada a pagar una multa de 5.700 euros por su altercado con la Policía Local de Sevilla, negó las acusaciones cuando prestó declaración ante la juez, en el juicio celebrado el pasado 14 de marzo. En el vídeo del juicio, al que ha tenido acceso este periódico, la intérprete sevillana describe a lo largo de los 13 minutos que dura su testimonio cómo se produjeron, a su juicio, los hechos que sucedieron en la madrugada del 1 de octubre de 2022.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaba de avalar, en plena celebración del juicio en la vía penal por el caso de la mina de Aznalcóllar, la adjudicación del concurso a la empresa Minorbis-Grupo México, que desarrolla los trabajos para la reapertura de la mina a través de la sociedad Minera Los Frailes.

El Tribunal Supremo ha dado un auténtico varapalo al Ayuntamiento de Sevilla por la ordenanza de los mercados de abastos, en una sentencia que critica la "extraordinariamente confusa" normativa, lo que lleva al Alto Tribunal a anular la tasa que el Consistorio, en la época del anterior gobierno socialista, había cobrado al empresario que tiene dos puestos en el Mercado de Sevilla Este, que tilda de "improcedente".

La condena a María León por su altercado con la Policía Local no ha dejado satisfechos a ninguna de las partes. Las acusaciones particulares han mostrado su disconformidad con la sentencia dictada por el juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla, que ha condenado a la actriz a pagar una multa de 5.700 euros por un delito de resistencia a la autoridad y otro de lesiones por la agresión a una agente.

La condena a María León por su altercado con la Policía Local no ha dejado satisfechos a ninguna de las partes. Las acusaciones particulares han mostrado su disconformidad con la sentencia dictada por el juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla, que ha condenado a la actriz a pagar una multa de 5.700 euros por un delito de resistencia a la autoridad y otro de lesiones por la agresión a una agente.

Chamizo ante el juez por una denuncia de cuatro migrantes. La Policía Nacional detuvo la semana pasada al ex Defensor del Pueblo Andaluz como presunto autor de un delito de agresión sexual de varios migrantes que, sin embargo, Chamizo atribuye a una "denuncia falsa" por parte de un miembro de la ONG Sevilla Acoge.

Más vale un mal acuerdo que un buen pleito. El pasado viernes, la actriz María León se sometió a un maratoniano juicio de más de seis horas casi sin paradas, que acabó como empezó, con la Fiscalía y las acusaciones particulares pidiendo una condena de hasta dos años y un mes de cárcel para la intérprete por delitos de atentado a la autoridad y lesiones.

Los tiempos de la Justicia siguen siendo demasiado largos. Eternos en muchos casos. Esta semana hemos conocido que el juicio a los dueños de la empresa Magrudis se ha fijado para octubre del año 2026, fecha en la que habrán transcurrido más de siete años desde que se produjo el mayor brote de listeriosis conocido en España, que provocó en el verano de 2019 la muerte de cuatro personas, siete abortos y lesiones a otras 244 personas.

La juez Mercedes Alaya ha tenido un especial protagonismo en el arranque del juicio por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. No en vano, este juicio se celebra debido a su decisión, ya que hasta en dos ocasiones la magistrada ordenó reabrir una causa en la que la juez instructora, Patricia Fernández, había descartado la existencia de delitos, algo en lo que coincidía con la Fiscalía.

Más efectos de la aplicación de las sentencia del Tribunal Constitucional a la macrocausa de los ERE. La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que resuelve todos los recursos en el caso de los ERE, ha dictado un auto con fecha 6 de febrero, en el que acuerda el sobreseimiento y archivo de la causa contra el que fuera presidente de la sociedad cooperativa Atarazanas de Constantina, una empresa de la Sierra Norte de Sevilla -la más beneficiada por las ayudas de los ERE- que recibió una subvención de 600.000 euros.

La Ley del "Sólo sí es sí" puede beneficiar al resto de la manada, que fueron condenados por la violación grupal de los Sanfermines de 2016. Dos de los cinco condenados por el Tribunal Supremo a 15 años de prisión han solicitado a la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra —el tribunal sentenciador— la reducción de sus penas en aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

Si la Justicia lenta no es justa, este caso se lleva la palma. Es sin duda el juicio por despido más largo de la historia de España. La Justicia ha tardado más de once años en resolver sobre la improcedencia del despido de un capitán del buque "La Belle de Cadix", un buque de cruceros de 94 metros de eslora y con capacidad para 176 pasajeros, con base en Sevilla.

El Tribunal Supremo ha tumbado las querellas presentadas por Vox y Hazteoir.org contra el ala progresista del Tribunal Constitucional, incluido su presidente, Cándido Conde-Pumpido, a los que atribuían un delito de prevaricación por haber dictado las sentencias que ampararon a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros ocho ex altos cargos que fueron condenados por el caso de los ERE.

La nueva decana de los jueces de Sevilla, Reyes Vila Pariente, ha dicho lo que muchos jueces piensan y no se atreven a manifestar. La Ciudad de la Justicia de Palmas Altas es "incomodísima" en la actualidad. Se tarda en llegar, el primer edificio reformado no se adapta perfectamente a lo que debe ser una sede judicial, pero sobre todo el principal problema es el de la movilidad.

La Fiscalía Superior de Andalucía investigará al portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento, José Ignacio García, por presuntas injurias y calumnias a la Policía Local de Sevilla por haber asegurado que la muerte de un mantero senegalés que se lanzó al río Guadalquivir huyendo de los agentes "es un caso de racismo institucional y de violencia policial y de represión que no puede volver a pasar".

Un cuarto de siglo ha tenido que pasar para asestar un duro golpe a la denominada 'mafia del taxi' de Sevilla, que desde hace más de dos décadas ostenta el monopolio de la parada del aeropuerto de San Pablo sin que ninguno de los gobiernos municipales hayan dado un paso firme para acabar con este grupo que se había adueñado de este servicio recurriendo a las amenazas, las coacciones y el vandalismo.

El Tribunal de Cuentas ha exculpado al ex consejero de Empleo Antonio Fernández de cualquier responsabilidad contable relacionada con el pago de 17,4 millones de euros a los ex trabajadores de González Byass. En una sentencia dictada el pasado 20 de diciembre, el Alto Tribunal desestima íntegramente la demanda presentada por la Junta de Andalucía, en la que solicitaba que se declarase la existencia de un alcance a los fondos públicos por importe total de 709.450 euros más el interés legal correspondiente.

Esta semana hemos publicado una sentencia de la Audiencia de Sevilla que ha vuelto a dar la razón al ex presidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera, que falleció en marzo pasado. Como la leyenda del Cid Campeador, Lopera sigue ganando pleitos después de su muerte...

El que muchos denominaron como el mayor caso de la corrupción de la democracia va camino de quedar reducido a la mínima expresión, a lo que realmente debió ser desde un principio: el fraude que se cometió con la inclusión de los denominados "intrusos" o aquellos pagos destinados a fines distintos. Han tenido que pasar casi 14 años y que el caso llegue al Tribunal Constitucional para situar la macrocausa de los ERE en este punto.

Si un acuerdo de última hora no lo remedia, la actriz sevillana María León se sentará en marzo de 2025 en el banquillo de los acusados para responder de una acusación de atentado a la autoridad y lesiones, por el incidente que tuvo lugar en la madrugada del 1 de octubre de 2022 con agentes de la Policía Local.

El escándalo de las facturas falsas de la UGT-A ya tiene sentencia más de una década después y castiga con penas de cárcel y multas millonarias a la antigua cúpula de la organización en Andalucía. Tres años de cárcel y una multa de 50 millones de euros al ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla .

Es mucho más frecuente de lo que parece. Son muchas las personas que sufren caídas en establecimientos, negocios o centros públicos y privados. La mayoría de las veces estos accidentes no tienen consecuencias graves, pero otras veces dan lugar a lesiones que pueden ser susceptibles de reclamación de una indemnización, una compensación económica por el daño causado y el tiempo de curación.

La causa judicial por los contratos "a dedo" del SAS parece que está encontrando nuevos argumentos conforme avanzan las pesquisas judiciales y comienza a llegar la abundante documentación solicitada. La prudencia inicial que siempre hay que tener ante la denuncia que realiza un partido político, en este caso el PSOE-A de Juan Espadas, ha subido de nivel desde que la Fiscalía Anticorrupción ha asumido la investigación y ha planteado toda una auténtica batería de diligencias.

El juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla investiga ya la denuncia del PSOE por los contratos de emergencia que por importe de más de 242 millones de euros se prorrogaron cuando ya no estaba en vigor el procedimiento excepcional aprobado para la pandemia del Covid y que la Junta de Andalucía continuó utilizando hasta el año 2023, dos años después de su derogación legal, que tuvo lugar en junio de 2021.

Cuando se produce una condena a alguien relacionado con el mundo del Derecho siempre me pregunto si cabe un mayor reproche para estas personas precisamente por sus conocimientos legales. Y siempre la respuesta que me doy es la misma. Un abogado, un funcionario de Justicia, un profesor de Derecho, un magistrado, todos conocen la ley y, por tanto, los límites que separan una conducta lícita de la que no lo es. Por eso, no dejan de sorprenderme estas condenas, aunque todo hay que decirlo suelen ser casos puntuales, excepcionales.

El retraso de la jurisdicción Social de Sevilla (y de otras tantas provincias andaluzas) persiste a persar de los planes de refuerzo que desde hace años vienen desarrollándose por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El abogado y ex consejero del Betis Manuel Castaño ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez de lo Mercantil Javier Carretero, al que atribuye una actuación "manifiestamente arbitraria, injusta y contraria a Derecho", en relación con las costas de 1,5 millones de euros que el magistrado le impuso y que "multiplicaban por cinco" los honorarios profesionales considerados como razonables por parte del Colegio de Abogados de Sevilla.

Un auténtico tirón de orejas de la Fiscalía al Ayuntamiento de Sevilla. Una denuncia de un usuario sobre la presencia de un árbol en medio del carril bici de Sevilla ha motivado la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de Seguridad Vial de Sevilla, en la que incluso se llegó a reclamar una abundante documentación al Consistorio sobre las actuaciones que está desarrollando para corregir o señalizar los desperfectos de una red en la que hay más de 100.000 desplazamientos al día.

Un nuevo lío a la vista con el caso de los ERE y la nueva sentencia que debe dictar la Audiencia de Sevilla tras el amparo del Tribunal Constitucional. La magistrada Encarnación Gómez Caselles, se ha pedido una excedencia voluntaria. La interrupción temporal de su función jurisdiccional por parte de esta magistrada, unida a la jubilación del juez Juan Antonio Calle Peña, hace que en la actualidad sólo quede uno de los tres jueces que celebraron aquel juicio y que dictaron la histórica sentencia que condenó a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Los recursos contra la sentencia de la Faffe, paralizados durante más de un año. La baja por motivos de salud de la juez Mercedes Alaya está provocando un importante retraso en uno de los escándalos de corrupción más sonados en los últimos años en Andalucía, como es el pago de 32.556 euros en distintos burdeles con dinero público, en concreto, con las tarjetas de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

Los pleitos se sabe cómo se inician pero no como acaban. En ocasiones, lo negro se vuelve blanco y viceversa. Una de cal y otra de arena. Es como el yin y el yang, dos fuerzas contrapuestas.

Les hago esta reflexión por el caso del futbolista sevillano David Cañas, que fue detenido por la Guardia Civil por su presunta relación con una red de narcotraficantes y que ahora, dos años después de su arresto, ha sido exculpado por la Justicia.

No es frecuente que un juzgado declare en la vía civil la nulidad de un matrimonio. La sentencia de un juzgado de Primera Instancia de Sevilla ha decretado precisamente la nulidad de una unión entre una joven franco-española y un súbdito marroquí, al entender la magistrada que fue un matrimonio simulado por parte del marido cuya única finalidad era que él pudiera lograr también la nacionalidad española y poder seguir viviendo en Sevilla.

Una Justicia colapsada lleva en muchas ocasiones a generar errores. En Sevilla hace años se produjeron algunos errores gravísimos como el del caso Mari Luz, que posibilitó que el pederasta que asesinó a esta pequeña en Huelva siguiera en libertad pese a que tenía una orden para su ingreso en prisión desde hacía bastante tiempo. Ese fue el caso más grave que se recuerda en Sevilla de una equivocación judicial y fue depurado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Septiembre es el mes de la vuelta a la actividad tras las vacaciones estivales. No sólo es el mes de la vuelta de los escolares a clase, es la fecha clave del retorno de la frenética actividad en los jugados y tribunales, que viene marcada por la tradicional apertura del año judicial. Todavía no se sabe si el nuevo CGPJ cerrará el acuerdo para la elección de su nuevo presidente y del Tribunal Supremo, lo que parece reeditar el bloqueo que ha vivido los últimos cinco años el máximo órgano de gobierno de los jueces.

El Pleno del Tribunal Constitucional delibera este martes sobre los recursos de amparo de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en lo que sin duda alguna va a suponer el último golpe desde la corte de garantías al vuelco del caso de los ERE.

El próximo 16 de julio el Pleno del Tribunal Constitucional se reunirá para deliberar sobre los últimos cuatro recursos de amparo del caso de los ERE, los últimos pero quizás los más importantes, puesto que entre ellos se encuentran los presentados por los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El Pleno del Tribunal Constitucional anulará este martes las condenas de otros cinco ex altos cargos que fueron condenados a penas de prisión por un delito de malversación en el caso de los ERE. Con estas resoluciones, el tribunal de garantías ha puesto a cero el contador de esta macrocausa y ha tumbado las tesis que desde el año 2011 sostuvieron la juez Mercedes Alaya, la Fiscalía Anticorrupción y los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), entre otros.

Tras esta petición de condena, el que fuera su abogado defensor en los primeros meses, el letrado José Antonio Sires, ha realizado unas manifestaciones en las que asegura que la actriz está sufriendo un “exceso de presunción de culpabilidad”, y que un caso en el que se da más pábulo a la versión de un policía, sólo por serlo, puede abrir “un camino poco garantista” para el futuro.

El Tribunal Constitucional delibera a partir de la próxima semana sobre los 12 recursos de amparo presentados por los ex altos cargos condenados por el caso de los ERE, una deliberación que el propio Tribunal de Garantías ha calificado como de "gran complejidad".

Cuando se produce una noticia como la que ahora les comento en este boletín semanal, no hay que olvidar ese enorme trabajo que no sólo realizan las hermandades, sino también las congregaciones religiosas. La Fiscalía de Sevilla acaba de abrir una investigación a raíz del presunto fraude detectado en el comedor social de la hermandad del Dulce Nombre de Bellavista.

Sigue causando sorpresa en medios jurídicos la extraña petición que ha realizado la abogada la actriz María León de reclamar al final de la instrucción judicial de su altercado con la Policía Local de Sevilla de que se acuda a la mediación penal, una figura que, como ya le dijo la instructora y ahora ha reiterado, se trata de una posibilidad que es "legalmente inviable".

El problema de la okupación está llegando a niveles increíbles. Hablo no de la okupación forzosa, del que entra en una vivienda por la fuerza y la okupa sin más, sino de esa otra okupación que se produce cuando el inquilino, por las razones que sea, deja de pagar la renta y no abandona la vivienda, como el caso que hemos contado esta semana en Diario de Sevilla, en el que un vecino de Triana alquiló una vivienda de su propiedad y la inquilina dejó de pagarle a los tres meses.

En este país somos todos grandes aficionados a aquello de Matar al mensajero, buscar responsabilidades en los periodistas por hacer su labor: contar historias, noticias, investigaciones, etc. La cuestión está de actualidad a raíz de la publicación de los vídeos con las declaraciones judiciales de María del Monte, Inmaculada Casal y Antonio Tejado, en relación con el asalto al chalé de la artista.

La Audiencia de Sevilla ha rechazado el recurso de apelación de la actriz María León contra el auto de la juez que la ha procesado por su incidente con la Policía Local en la madrugada del 1 de octubre de 2022.

La presunción de inocencia por encima de todo... Casi tres meses lleva en prisión provisional Antonio Tejado, el sobrino de María del Monte. Un juzgado de Sevilla lo investiga por haber facilitado supuestamente la "información privilegiada" que la banda que atracó a su tía necesitaba para perpetrar el delito.

El caso de las facturas falsas de la UGT-A vuelve a la palestra con la declaración del ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla, uno de los principales acusados y que se enfrenta a una petición de siete años de prisión por las irregularidades relacionadas con el presunto fraude de 40.750,047,74 euros.

En plena guerra vecinal contra la denominada turistificación que afecta a buena parte de los centros históricos de las ciudades, la Audiencia de Sevilla acaba de dictar una pionera sentencia que avala el uso turístico de una vivienda en el barrio de Los Remedios.

Que Hacienda somos todos es algo que nos vienen repitiendo hasta la saciedad desde hace décadas. Normalmente cuando se habla de Hacienda en el plano de los tribunales siempre se trata de noticias en las que la Agencia Tributaria es la perjudicada por una supuesta actuación delictiva del contribuyente, que no ha declarado o deja de pagar lo que debía a las arcas públicas. Hay casos recientes muy sonados como el del novio de la presidenta de la comunidad de Madrid o de conocidos futbolistas que han querido engañar al fisco.

La Justicia siempre ha sido la hermana pobre de las administraciones públicas: sin inversiones, sin recursos materiales y personales, y además sobrecargada de trabajo. No son frecuentes las noticias en las que se informan de casos que llegan a juicio con una demora de hasta doce años, como ha ocurrido con la investigación por el escándalo de las facturas falsas de la UGT-A.

Desde hace muchos años no dejan de sorprendernos los señalamientos de pleitos y reclamaciones laborales a tres, cuatro o cinco años vista. El problema es que muchas veces este descomunal retraso queda, precisamente, ceñido a una cifra. No se le pone cara al drama personal que hay detrás de esta Justicia tardía.

Para comenzar, me gustaría hacer una reflexión sobre los casos mediáticos y los abogados. Justicia, tribunales y medios de comunicación. ¿Por qué un caso llega a acaparar la atención de los medios? Son muchos los elementos que influyen en que un proceso judicial adquiera una repercusión mediática, pero tenemos un ejemplo reciente que bien puede ilustrarnos.