Aifos entra en concurso de acreedores al acumular una deuda de 1.000 millones

La promotora inmobiliaria Aifos ha instado el concurso de acreedores tras acumular un pasivo superior a los 1.000 millones y no conseguir llegar a un acuerdo con sus 2.000 proveedores. El concurso se ha solicitado después de que Aifos Málaga haya permanecido durante dos meses en situación preconcursal. Durante este tiempo ha tratado de negociar la deuda con sus acreedores, pero al fracasar ha optado por el proceso concursal voluntario que le permite mantener en sus manos la dirección de la empresa, aunque la gestión es en todo momento supervisada por los administradores judiciales.

"El concurso permitirá la reordenación de la deuda del grupo para combatir la crisis inmobiliaria y garantizar la pervivencia de la actividad de la empresa, el cumplimiento de los contratos con terceros y el mantenimiento del empleo de sus trabajadores", explicó ayer la compañía a través de un comunicado oficial. El fundador y presidente de Aifos, Jesús Ruiz, señaló ayer que el concurso lo presentaron el martes y que la principal causa ha sido la imposibilidad de terminar la construcción de 3.000 viviendas en Andalucía ante la negativa de las entidades bancarias a conceder más crédito. "Tenemos esas 3.000 viviendas que ya están vendidas e iniciadas pero que no podemos concluir porque los bancos nos paralizaron los créditos cuando algunos proveedores empezaron a presentarnos concursos de acreedores necesarios". El grupo había conseguido hasta ahora esquivar al menos, según explica Ruiz, una docena de concursos, pero la situación se ha vuelto insostenible. No obstante, el presidente de Aifos se mostró optimista y aseguró que "la empresa pasaría a estar bien económicamente si pudiera entregar esas 3.000 viviendas". Cabe destacar que las promotoras sólo pueden contabilizar ese ingreso una vez que hayan entregado la vivienda, y no cuando se ha vendido el piso.

Ahora los acreedores de Aifos deberán esperar a que el anuncio del concurso se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de ese momento cuentan con un plazo de un mes para acreditar documentalmente en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga y ante los administradores concursales que sean designados por el magistrado la deuda que reclaman a la compañía. Posteriormente, la empresa deberá presentar un plan de viabilidad consensuado con los administradores concursales y, si es aceptado por los acreedores, el grupo malagueño podrá salvarse. En caso contrario se determinará su liquidación.