La irrupción en España de iniciativas que fomentan alternativas al taxi o al transporte público, como Blablacar y la aplicación de móvil Uber, ha traído la polémica, que se ha acentuado en los últimos días.

El pasado lunes la Asociación Gremial de Auto Taxi y la Federación Profesional de Taxi convocaron a los taxistas de Madrid a un paro de 24 horas -que comienza hoy- contra la que consideran "ilegal" aplicación de Uber. "Ha empezado a operar en territorio español con vehículos particulares y conductores particulares, algo que va en contra de la legislación española", se afirmaba desde el sector del taxi, que, además, acusaban a las autoridades de "pasividad ante las continuas denuncias".

Ese mismo día, el Ministerio de Fomento advirtió a los usuarios que si usan servicios de transporte que no cuentan con la correspondiente autorización incurrirán en una "infracción muy grave" que conlleva multas de entre 401 y 600 euros. La sanción para las empresas que promueven estos servicios, se señalaba en la nota, es aún mayor: entre 4.001 y 6.000 euros, y hasta 18.000 euros en caso de reiteración.

Fomento señalaba que los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre velarán por el cumplimiento de la legislación "ante la aparición de anuncios en los medios y redes de comunicación en los que distintas empresas hacen pública su intención de lanzar plataformas de contratación de servicios de transporte de viajeros en vehículos de turismo particulares".

Ante el revuelo causado por este comunicado, el Ministerio matizó ayer que no multará a las plataformas para compartir coche si cumplen la normativa. El director general de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral, especificó que el Gobierno no tiene intención alguna de perseguir a las iniciativas que a través de internet publican anuncios de personas que ofrecen su coche para compartir gastos, sin obtener beneficios a cambio. Es lo que se denomina consumo colaborativo y sobre eso el Ministerio de Fomento no tiene nada que decir. Y ese es el caso de Blablacar, que indicó ayer que ni la firma ni sus usuarios "se dedican al transporte de viajeros por cuenta ajena".

Desde Bruselas, un portavoz de la Comisión señaló que multar a usuarios de servicios como la app de Uber es una "medida extrema" y reclamó abordar el problema "a través del diálogo". En Cataluña, la Generalitat anunció la inmediata puesta en marcha de un procedimiento sancionador contra Uber por trasladar viajeros sin disponer de las autorizaciones pertinentes, informó ayer en un comunicado.