Telefónica da por extinguida su oferta a PT por el 30% de Vivo

Telefónica optó ayer por el silencio tras dar por extinguida su oferta de compra del 30% de las acciones de Portugal Telecom en la empresa de móviles brasileña Vivo, operación vetada por el Gobierno portugués en un acto que fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la UE. La multinacional española comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el fin del plazo dado a Portugal Telecom para comprarle su 30% de Vivo, con una oferta sobre la mesa de 7.150 millones, que el Gobierno de Portugal considera insuficiente, a pesar de haber incrementado dos veces la empresa española la propuesta inicial de 5.700 millones.

Portugal Telecom (PT) pidió el viernes -cuando expiraba la oferta- en una carta de su consejo de administración a Telefónica una prórroga del plazo hasta el 28 de julio para proseguir las negociaciones, con el compromiso de la operadora lusa de seguir trabajando para dar una salida positiva a la intención de Telefónica.

A esta carta Telefónica contestó ayer con otra escueta en la que recuerda a PT que ya le había sido comunicado el final del plazo de la oferta después de una ampliación del plazo, inicialmente estipulado para el 2 de julio, con lo que rechazaba nuevas prórrogas.

Tras la extinción de la oferta, Telefónica se mantiene en silencio, sin que explique cuáles van a ser sus siguientes pasos. Un portavoz de la compañía declaró a Efe que "habrá que ver qué otras cosas se hacen. No vamos a decir nada. La próxima será otra semana". Entre las opciones que se abren ahora, los analistas barajan una eventual actuación judicial de Telefónica e incluso que ésta disuelva Brasilcel, una sociedad holandesa de riesgo compartido controlada a partes iguales por la multinacional española y PT y propietaria del 60% de Vivo.

La operación de compra del 30% de las acciones de la operadora brasileña Vivo se puso en marcha en mayo, cuando Telefónica ofertó 5.700 millones. PT consideró baja la oferta y su consejo de administración la rechazó con el argumento de que su parte en la operadora brasileña no estaba en venta.

Telefónica subió la oferta a 6.500 millones el 1 de junio, y poco antes de la asamblea de accionistas del 30 de ese mes la compañía española aumentó la oferta a 7.150 millones de euros, cantidad que fue del agrado del 73,9% de los accionistas de PT, pero no del Gobierno portugués, que ejerció el veto mediante su acción de oro. El Ejecutivo de José Sócrates justificó su decisión en la defensa del interés nacional de que PT siga en Brasil, donde tiene su principal fuente de ingresos y crecimiento, y rehusó dar marcha atrás en el veto cuando el Tribunal de Justicia de la UE declaró ilegal, el pasado día 8, la acción de oro ejercida por el Ejecutivo de Lisboa.

Telefónica amplió entonces el plazo de extinción de la oferta del 2 al 16 de julio, a la espera de que se flexibilizara la negociación, sobre todo tras la decisión del tribunal europeo.

El pasado viernes, fin del plazo del oferta, se evidenció que no habría acuerdo de compra al mantener el Gobierno portugués su negativa a aprobar la operación si la oferta de Telefónica "no es alterada", es decir, mejorada.

Tras conocerse esta postura, las acciones de Portugal Telecom perdían el viernes en la Bolsa de Lisboa un 4,53% de su valor.