El Gobierno ha aprobado el decreto de honorabilidad para directivos bancarios, que reforzará los requisitos de experiencia y profesionalidad, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Tras recordar que se trata de la trasposición de una directiva impulsada por la Autoridad Europea Bancaria (EBA), la vicepresidenta ha señalado que será el Banco de España el encargado de analizar los elementos de honorabilidad de los miembros de los consejos de administración y otros cargos de liderazgo de las entidades.

Además, el Banco de España deberá considerar la opinión de los tribunales a la hora de determinar si un directivo de un banco mantiene su honorabilidad después de haber cometido un delito y si, por lo tanto, puede seguir ejerciendo su actividad. El supervisor tendrá hasta el próximo 22 de mayo para comunicar si las cúpulas de los bancos cumplen con los nuevos requisitos.  Ésta es una de las modificaciones que el Ministerio de Economía incluyó en el proyecto de Real Decreto por el que se modifican diversos reales decretos en materia de requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno en las entidades de crédito. "Se refuerzan los requisitos de experiencia y profesionalidad", ha sentenciado Sáenz de Santamaría, quien ha recordado que además de la trayectoria profesional, ahora se tendrán en cuenta la formación teórica en banca y en servicios financieros. La evaluación abarcará al conjunto del consejo teniendo en cuenta el diferente perfil de sus componentes y no solo de forma individual como se hacía hasta ahora.

Estos requisitos contenidos en la transposición refuerzan la defensa del consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, para seguir ejerciendo sus funciones, según fuentes jurídicas, tras la decisión del Tribunal Supremo de anular los efectos administrativos de su indulto. La defensa de Sáenz alega en este proceso que la normativa europea transpuesta contempla unos requisitos de idoneidad que "son cumplidos perfectamente por Sáenz". El Banco de España ya ha iniciado los trámites para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo y tiene que analizar ahora si Sáenz ha perdido su honorabilidad y si puede seguir ejerciendo sus funciones en el banco. El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ha asegurado que la entidad dispone de informes "terminantes" que avalan que su número dos siga ejerciendo sus labores al frente de la entidad. 

El Ministerio de Economía ha valorado que la incorporación al marco jurídico español de las recomendaciones de la directiva de la EBA supondrán potenciar un "control continuo" tanto por parte del Banco de España como de cada una de las entidades. La autoridad europea fijó a finales de 2012 una serie de directrices sobre la idoneidad de los consejeros y directivos en la banca. Ahora, el Banco de España deberá comunicar antes del próximo 22 de mayo si los máximos responsables de las entidades cumplen con estas recomendaciones. Esta evaluación del supervisor tendrán carácter no vinculante y si no informa en la fecha fijada deberá alegar los motivos de ello. 

Según ha informado Economía en un comunicado, el pasado 22 de enero los supervisores nacionales de la UE debían expresar sus intenciones sobre las directrices de la EBA, que en el caso de España, se comunicó la pretensión de acatarlas, con el fin de mejorar la confianza en el sector financiero español. La norma afecta por igual a bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, conglomerados financieros, sociedades de tasación, establecimientos financieros de crédito, entidades de pago y entidades de dinero electrónico.

En materia de honorabilidad, el Banco de España valorará la trayectoria profesional, las condenas por delitos dolosos y la existencia de investigaciones fundadas en relación con delitos económicos. Respecto a la consideración de delitos dolosos, el organismo liderado por Luis María Linde podrá recabar la opinión de una comisión de expertos nacida con esa finalidad.  

En materia de buen gobierno no sólo se tendrán en cuenta los conflictos de interés derivados de vínculos estrechos o de control entre personas físicas o jurídicas. La no idoneidad se establecerá también en función de la existencia de conflictos de interés por el desempeño de puestos pasados o presentes, relaciones personales y económicas con otros miembros del consejo de administración o el hecho de que un consejero no pueda dedicar suficiente tiempo a sus funciones.

Las entidades dispondrán de un plazo de seis meses para sustituir a los consejeros o directivos que, de acuerdo con los nuevos requerimientos en materia de honorabilidad comercial y profesional, conocimientos, experiencia y buen gobierno, deban perder la idoneidad necesaria para desarrollar sus funciones en la entidad. Las entidades deberán disponer de unidades y procedimientos internos de forma que puedan llevar a cabo una evaluación permanente de los requisitos procedentes de la normativa europea.