El juez Miguel Ángel Navarro Robles, titular de la Sección Tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, dictó ayer una sentencia por la que valida el acuerdo de dación en pago entre Inversión Corporativa (IC) y los bancos titulares de un crédito sindicados que supone la mayoría de los créditos impagados por la compañía sevillana, que durante años fue el vehículo inversor de las familias fundadoras de Abengoa para controlar la multinacional fundada en 1941.

El acuerdo que ahora valida el juez, que declara reconocida judicialmente la existencia de un precontrato condicional entre las partes de dación en pago de los terrenos de El Buen Aire a cambio de saldar todas las deudas que la sociedad tenía con las entidades financieras: Banco Sabadell. Unicaja Banco, Caixabank, Bankinter y Banco Santander.

La sentencia, contra la que cabe recurso, reconoce no sólo la existencia del precontrato de dación en pago, sino también los hitos a los que estaba condicionado: la aprobación del Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable Ordenado Buen Aire, la tasación pericial y la distribución de las fincas afectadas.

La sentencia dictada ayer es consecuencia de un incidente concursal planteado por IC, que ha sido estimado parcialmente, aunque reconoce la principal petición, la existencia del acuerdo de dación en pago de los terrenos de Buen Aire, que la administración concursal valoró en más de 107 millones de euros y que la tasadora Thyrsa valoró también por encima de los 104 millones de euros.

Las entidades pretendían que los suelos se valorasen en algo más de siete millones que luego corrigieron a poco más de diez millones. El juez considera que no es razonable que tras la reclasificación urbanística de los suelos se traten de tasar por un valor diez veces inferior a la que consta en el inventario del concurso.

La materialización de todas las condiciones del precontrato condicional de dación en pago ha motivado que el magistrado haga un reconocimiento judicial del acuerdo de dación en pago, “con los  efectos propios del mismo”.

Esto es, condena a las demandadas en el incidente concursal a “estar y pasar por ello”. Les obliga a aceptar la dación en pago y, con ella, la cancelación de las deudas.

El juez no concede el levantamiento de las cargas hipotecarias que reclamaba IC, porque razona que cuando se ejecutase la dación éstas decaerían.

El interés de IC era levantar las cargas que existen sobre las fincas de su propiedad que no forman parte de la dación en pago y que están dedicadas al negocio agrícola, según explicó el secretario del consejo de administración de IC y letrado que firmó la reclamación ahora ganada, Manuel Mariscal.

Los bancos tienen ahora que decidir si dan por buena la sentencia o, en el plazo de cinco días hábiles, anuncian recurso contra la misma.

De no ser recurrida, la sentencia adquiriría firmeza y daría paso a la ejecución de la dación en pago, primero, y al proceso para levantar el concurso de IC, dado que el resto de las deudas de la sociedad están satisfechas de manera extraprocesal.

Mariscal señaló que de conseguirse el levantamiento del concurso, IC no sólo habría superado la situación, sino que saldría de él “como empresa viable económicamente”.

Banco de Santander ejecutó durante el trámite del concurso la mitad de las acciones que IC aún poseía de Abengoa, en un intento estéril de parar la destitución del consejo de administración de la multinacional en noviembre pasado.

De levantarse el concurso de IC con la dación en pago, quedará pendiente resolver cómo se resarce esa ejecución de garantías.