La reestructuración de la banca en España se atasca ante la falta de fondos

La fase final del saneamiento de los bancos en España se encuentra atascada en medio de un debate sobre cómo financiarla, si con fondos públicos, como reclaman organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), o con dinero privado, como exige el Gobierno.

La discusión se intensificó la semana pasada con la intervención del FMI y de la agencia de calificación Standard & Poor's (S&P), que expusieron sus dudas de que el Ejecutivo concluya la reestructuración bancaria sin poner dinero público. Una opinión que no comparte el Gobierno, que insiste en que el Estado, para no afectar al déficit, no sufragará el proceso. Su argumento sigue siendo que los fondos necesarios sean aportados exclusivamente por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutre de las aportaciones de los bancos. El problema es que dicho fondo ya se ha utilizado para financiar varias subastas de entidades nacionalizadas, la CAM y Unnim, lo que le deja sin recursos para hacer frente a operaciones como la de Banco de Valencia, que acaba de arrancar.

Aunque el Gobierno busca vías de financiación, como el aumento de las aportaciones de la banca o la concesión de un crédito del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el FMI ha advertido que "pueden ser necesarias" inyecciones de capital público en el proceso una vez se agoten las aportaciones de los bancos.

Para el FMI es urgente que las entidades saneen sus balances y ve como una opción viable la constitución de un banco malo o sociedad a la que trasladar los activos inmobiliarios, posibilidad a la que el Gobierno se había negado hasta ahora. Ahora, ante la evidencia de que el saneamiento realizado no ha servido para desbloquear la concesión de crédito, el Ministerio de Economía y el Banco de España han comenzado a abrazar la posibilidad de que los bancos saquen de su balance los activos "tóxicos".

Las grandes entidades españolas son reticentes a esta opción porque tienen capacidad suficiente para soportar el peso de sus activos morosos sin sacarlos de sus balances, aunque no se niegan a que los más pequeños lo hagan. Una opinión que comparten el consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, el de BBVA, Ángel Cano, y el director general Corporativo y de Finanzas de Banco Popular, Jacobo González-Robatto. El consejero delegado del Sabadell, Jaume Guardiola, o la de Bankinter, María Dolores Dancausa, también aseguran que no necesitan un banco malo, un instrumento que cuenta con el apoyo de entidades internacionales.

Goldman Sachs alertaba hace unos días de que a los casi 54.000 millones que ha supuesto la primera fase del saneamiento del sector, habría que sumarle otros 58.000 en una segunda por el empeoramiento de la economía, salvo que se cree un banco malo, en cuyo caso la factura se reduciría a 21.000.

La posibilidad de que el Estado tenga que financiar con más ayudas la reestructuración ha sido uno de los argumentos que ha utilizado S&P para rebajar la calificación de la deuda española pues el déficit podría verse afectado. Otra de las opciones podría ser que el sector demande recursos europeos, algo que ha descartado tajantemente el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre.