¿Audiencia Nacional o internacional?

El ejercicio cada vez más frecuente de la jurisdicción universal por parte de España motivado por violaciones de derechos humanos en América Latina, EEUU, China o Israel está llevando al Gobierno y a parte de la magistratura a defender una limitación de la ley para evitar graves problemas diplomáticos. "El principio de jurisdicción universal, que ha sido un avance para evitar la impunidad, se está convirtiendo en un problema", explica el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. "O se interpreta de forma razonable, o estamos creando problemas diplomáticos en las relaciones entre países", mantiene.

El fiscal jefe coincide así en sus argumentos con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y con los del presidente del Tribunal Supremo (TS), Carlos Dívar, que la semana pasada se pronunciaron a favor de poner coto a la legislación que desde 2005 da a España competencia para ejercer la jurisdicción universal. Estas declaraciones tienen lugar después de que los jueces decidieran continuar con la investigación a responsables israelíes por un bombardeo en Gaza en 2002, interrogar a dirigentes chinos por la represión del Tíbet en 2008 y preguntar a Washington si investigará las torturas en Guantánamo.

La fiscalía se opone a estas tres investigaciones y también a la última causa abierta, contra siete piratas somalíes que el juez quería encarcelar en España, porque estima que España puede aplicar la justicia universal absoluta sólo en caso de genocidio. En opinión de Zaragoza, en los demás casos de crímenes contra la humanidad, debe respetarse la legislación preferente, es decir, la del país donde se cometieron los hechos, y debe respetarse también que para aplicarla "las víctimas sean españolas o que haya vínculos especiales con España".

La mayoría de los jueces de la Audiencia Nacional, principal instancia judicial y encargada de estos delitos, estiman sin embargo que el Tribunal Constitucional (TC) dijo en 2005 "que la jurisdicción universal en España tiene competencia jurisdiccional universal absoluta", según explica uno de sus magistrados.

"La sentencia constitucional es clara. Nos limitamos a aplicar la ley", subraya uno de estos jueces, que precisa que el cambio de actitud de la Fiscalía data de inicios de 2008, tras la admisión a trámite de la querella contra 40 responsables de genocidio en Ruanda en los 90, seguida de la de Tíbet, coincidiendo con los Juegos de Pekín.

El ejercicio de la justicia universal en España, donde se han presentado 18 querellas y admitido una docena, ha dado resultados en el caso de América Latina: la condena del represor argentino Adolfo Scilingo durante la dictadura y la indemnización a las víctimas del dictador chileno Augusto Pinochet con 8.000 millones de dólares por parte del Banco Riggs. Sin embargo, todo apunta a que por presiones diplomáticas, España acabará cambiando la ley.

"Me temo mucho que va a haber una modificación legal entre todas las fuerzas políticas, como en Bélgica y Alemania, donde van a poner límite a la aplicación de la jurisdicción universal", prevé el fiscal jefe. La postura de Zaragoza es la misma que la del ministro de Justicia y la del presidente del Supremo, que ya advirtió que los jueces españoles no pueden "convertirse en los gendarmes judiciales del mundo" y estar en "conflicto diplomático diario".

Tanto la fiscalía como el ministro defienden que a largo plazo la Corte Penal Internacional (CPI) ejerza plenamente la jurisdicción universal, pero tanto algunos jueces como Amnistía Internacional advierten de que cambiar la ley es ir en contra del derecho internacional.

Hay casos que han quedado en la etapa de investigación "pero que indirectamente han tenido un enorme potencial para lograr que al final, los países donde se produjeron los crímenes (...) juzguen", subraya Giulia Tamayo, responsable de investigación de Amnistía Internacional. Uno de ellos es el caso ex presidente peruano Alberto Fujimori, y otro, el de Pinochet, que dio lugar a que en Chile hubiera un aluvión de demandas e investigaciones de la dictadura, pero también en Argentina y en Guatemala.

La introducción en la legislación española de la jurisdicción universal absoluta, en 2005, se vino motivada por el Tribunal Constitucional tras aceptar un recurso de la Nobel de la Paz guatemalteca Rigoberta Menchú para que España investigara los delitos de genocidio torturas, asesinatos y detención ilegal cometidos en Guatemala entre 1978 y 1986.