Choque de trenes a la vista

Cataluña se prepara para afrontar una semana clave para el 1-O puesto que las fuerzas independentistas prevén aprobar ya la ley del referéndum y firmar el decreto de convocatoria, mientras que el Gobierno del Estado ya ha advertido que "la democracia actuará con todas sus armas".

Después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciara el pasado 9 de junio su intención de convocar un referéndum para el 1 de octubre con la pregunta "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?", Junts pel Sí (JxSí) y la CUP han situado esta semana como clave para pasar a la acción y aprobar el marco legal de la votación.

El Parlament iniciará a las diez de la mañana del miércoles un nuevo Pleno, en cuyo orden del día no está incluida la proposición de ley del referéndum, registrada en la Cámara catalana pero aún no admitida a trámite por la Mesa, si bien JxSí y la CUP barajan invocar en cualquier momento el artículo 81.3 del reglamento parlamentario para votarla sin tener que tramitarla previamente.

Otra posibilidad, aún no descartada, es que sea el Govern quien acabe aprobando este marco legal del referéndum con un decreto ley.

Una vez aprobada la ley del referéndum -en cuya votación Ciudadanos, el PSC y el PPC ya han dicho que no participarán- y de manera inmediata para no dejar margen a impugnaciones, Puigdemont firmará el decreto de convocatoria, mientras que el Parlament escogerá a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya ha advertido de que "el día que firmen" la convocatoria del referéndum "habrán firmado directamente que salen de la democracia" y entonces "la democracia actuará con todas sus armas".

El Gobierno contempla "todos los escenarios posibles, tiene todos los instrumentos necesarios y actuará en consecuencia" para hacer cumplir la ley, de manera que, si es necesario, podría convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros a mitad de semana.

De hecho, Sáenz de Santamaría, que preside la Comisión de Secretarios y Subsecretarios de Estado, ha mantenido "activo" este órgano de coordinación estatal y ha señalado que el Ejecutivo actuará de forma inmediata en cuanto se tramiten la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica.

El Gobierno lleva semanas preparado, tanto si se pretende tramitar esas iniciativas por decreto o en un pleno, y señala que la sentencia del TC del pasado 14 de febrero ya declaró la ilegalidad del referéndum y de todos los actos preparatorios del mismo.

Fuentes próximas al TC han señalado a Efe que una de las posibilidades es que, si es el Parlament quien tramita y aprueba las llamadas leyes de desconexión, el Gobierno del Estado pida una ampliación del incidente de ejecución contra los pasos hacia el referéndum dados por las fuerzas independentistas.

Si es el Govern quien decide aprobarlo por decreto ley, el Ejecutivo central presentaría un recurso, que sería admitido a trámite inmediatamente por el TC -que podría ampliar el número de personas apercibidas-, de manera que el 1-O quedaría suspendido automáticamente, al igual que en la vía anterior.

Puigdemont rechaza que pueda ser inhabilitado por su papel en la preparación del referéndum: "No podré aceptar de ninguna manera una suspensión de mis atribuciones". En una entrevista que publicó ayer La Vanguardia, afirma que habrá "un poco más de 6.000 urnas" homologables para que los catalanes puedan decidir.