La Comunidad de Madrid enmarca el 'servicio secreto' entre sus competencias

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha sido interrogado sobre la supuesta creación de un servicio secreto dentro de su Departamento, a lo que respondió que su Consejería desarrolla "estrictamente" las labores de seguridad "de acuerdo a las competencias que le da la ley". Mientras, el PSOE advirtió que, de confirmarse, este sería "el caso más grave de corrupción de la democracia" y exigió a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que inicie una investigación al respecto.

Granados tiene a sus órdenes a un servicio secreto formado por un ex agente de la Policía y varios antiguos guardias civiles que se encargan de obtener "datos reservados, al margen del control político o legal, a través de sus investigaciones y de sus contactos". El periódico especifica que este equipo actúa "como una agencia de detectives en la que los ex profesionales rentabilizan sus antiguos contactos profesionales, pero con dinero público y amparo del Gobierno regional".

"A Granados le venían las hostias de todas partes y tenía que saber de dónde le venían", resume el director del equipo, Marcos Peña. Según el diario El País, que ha desvelado esta información, ninguna de las actuaciones de este servicio secreto se enmarca dentro de las competencias de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. Según el diario, Granados afirma que el equipo sólo tiene encomendadas tareas de "contravigilancia y de seguridad de los edificios autonómicos", un aspecto que niega el jefe del equipo, que dice hacer informes "sobre lo que me pida".

Preguntado por este asunto, Granados explicó hoy que el cargo de Peña es de "asesor de seguridad", sin "estructura a su cargo" y trabaja "en las labores propias" que le han sido atribuidas. "La Comunidad de Madrid desarrolla las competencias que le marca el Decreto en materia de seguridad, nada más y nada menos", señaló el consejero, que no utilizó en ningún momento la palabra 'espionaje', y aseguró que esta información es un intento de El País de "ocultar" que el vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, reconoció que el Ejecutivo ha agotado sus recetas contra la crisis.

En la misma línea se pronunció Aguirre cuando fue interpelada por un periodista durante un acto celebrado en Pedrezuela: "Pero, ¿usted por qué hace caso al diario El País? Cada vez que el Gobierno tiene problemas, por ejemplo, el señor Solbes, que ayer dijo que el Gobierno ya tiene agotadas todas las posibilidades frente a la crisis, ataca al PP de Madrid o al Gobierno de Madrid". Entre los asuntos que habría investigado el servicio secreto estarían los escándalos que afectan al PSOE en municipios como Ciempozuelos o la trama de corrupción policial de Coslada.

Estas respuestas fueron tomadas en la Dirección del PP como un desmentido. Así lo consideró la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, que señaló que tanto Granados como Aguirre desmintieron "tajantemente" las informaciones que, consideró, si fueran ciertas, serían "unas cuestiones muy graves, ciertamente". Por su parte, el fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, dijo no ver "a priori" la comisión de algún delito, porque si está financiado por el Gobierno regional, será "un trabajo presupuestado y, por tanto, no secreto".

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, dijo que, de confirmarse la existencia de ese servicio secreto "sería una actitud similar a la de una organización mafiosa" y "el caso más grave de corrupción de la democracia española". De hecho, los socialistas han solicitado la reunión de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid, que deberá decidir si el consejero debe comparecer y si lo hará en comisión o en pleno, aunque Gómez no descartó que se reclame una comisión de investigación parlamentaria, poco probable si se tiene en cuenta que el PP cuenta con la mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid.

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, se expresó en la misma línea, solicitando una investigación a la presidenta de la comunidad de Madrid y considerando llamativo que "ni siquiera los altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre se hayan enterado". Una petición a la que se sumó el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) el mayoritario en la Policía Nacional, que solicitó a la Guardia Civil y al propio Cuerpo que abran de "forma inmediata" una investigación, ya que los agentes de ese 'servicio secreto' podrían estar incurriendo en una falta muy grave.

El líder del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, señaló que los agentes implicados podrían ser expulsados del Cuerpo y podrían estar cometiendo un delito contra la Ley de Protección de Datos por hacer uso "fraudulento" de datos de la Administración. "No se puede trasladar información policial a ninguna instancia que no sea a otro cuerpo policial que lleve la investigación o a una instancia judicial Además, debe ser solicitada por escrito y con todos los controles. Incluso, si alguien te llama para cualquier cosa, por pequeña que sea, tiene que anotar un libro oficial para registrarlo", explicó.