El ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha abogado este martes por "mirar en el Código Penal algunas definiciones" de lo que han hecho los diputados y senadores que han han aprobado la reforma de la justicia universal, ya que, a su juicio, ésta "usurpa claramente el ámbito del poder judicial".

Baltasar Garzón, que ha hecho estas declaraciones poco antes de intervenir en un seminario organizado por la Izquierda Plural en el Congreso, ha defendido que la "única opción posible" para los jueces que investigan causas de justicia universal es "mantenerlas abiertas" hasta que no decidan si sobreseen o hasta que el Tribunal Supremo emita la opinión de si hay o no investigación abierta. "Me llama la atención sobremanera que los diputados y senadores que han aprobado la ley no se hayan dado cuenta de esto, lo cual evidencia que se busca la excepcionalidad o ser una ley ad hoc", ha argumentado, tras subrayar que no tiene "temor" por los jueces como Pedraz, que así lo han hecho, sino que lo tendría por los parlamentarios que han aprobado una ley que "subvierte" el orden jurídico.

Tras apuntar que los jueces tienen la "obligación de no aplicar las leyes que son claramente inconstitucionales", ha defendido que eso es lo que ha hecho el juez Pedraz "y lo que deben hacer todos los demás hasta que no se resuelvan las cuestiones pendientes" sobre una ley que ha calificado de "desorbitante", "arbitraria" y "claramente contraria a tratados internacionales ratificados por España".

A este respecto, ha dicho no tener ninguna duda de que el incumplimiento de convenios internacionales pueden acarrear sanciones para España por parte del Comité de Desaparición Forzada de Personas, el Comité de Tortura y otros, ante los cuales la Fundación Internacional Pro Derecho Humanos y Jurisdicción Universal que él preside ha denunciado la ley española. Garzón ha apuntado que las sanciones en ese sentido tienen que ir encaminadas a garantizar que la investigación se mantenga hasta que se aclare la constitucionalidad de la ley.

Convencido de que los poderes económicos y políticos del mundo están detrás de esta "reforma exprés" de la justicia universal, Garzón ha asegurado que "fuera de España esto es un escándalo" y ha subrayado que no lo dice por "animadversión al Gobierno del PP". Tras argumentar que "no había ninguna razón para que entre 2009 y 2014 se modifique esta normativa", ha destacado que cuando en el preámbulo de la ley "se miente", porque cuando alude a casos existentes "todos son anteriores a 2009".

"Todos hemos visto por qué se ha llevado adelante esta reforma exprés y se llama investigación del caso Tibet y China, además de otros aspectos que influyen como Guantánamo y Estados Unidos, y que deberían tener solución por otros cauces", ha apuntado. En esa línea ha señalado que, una vez que se ha hecho la reforma, "habría que guardar las formas" y "no implicar también a que los jueces tengan que cumplir unos principios que claramente van en contra del principio de legalidad constitucional".

En su opinión, "eso es lo más grave y, como siempre que se aprueba una ley tan excepcional y especialmente dedicada a acabar con los casos abiertos se cometen muchos errores, que llevan a situaciones inverosímiles", que según Garzón ya se están produciendo en la Audiencia Nacional.

El exjuez de ese tribunal, que ha estado el Congreso veinte años después de haber ocupado en él un escaño por el PSOE, ha respondido con un "no" rotundo a la pregunta de si le tienta volver a la política como diputado o integrante de unas listas. "No es el momento y hay personas absolutamente cualificadas para desarrollar esa labor; lo importante es que quien lo sea lo haga bien y cumpla con los ciudadanos", ha agregado, tras lo cual ha puesto como ejemplo a su amigo y diputado de IU Gaspar Llamares, que le acompañaba.