El 'Govern' agita la 'desconexión' mientras el independentismo decae
JxSí y la CUP anuncian un acuerdo "global" sobre la normativa que serviría para impulsar el referéndum secesionista
Un sondeo de la Generalitat refleja que el 'no' superaría al 'sí'
Junts pel Sí (JxSí) y la CUP anunciaron ayer "un acuerdo político global" para seguir avanzando en la desconexión del Estado. Una voluntad secesionista que se compadece muy mal con los datos del barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, que refleja que el no a la independencia de Cataluña supera al sí por 1,5 puntos.
Los partidarios de la independencia se sitúan en el 45,3%, mientras que los detractores alcanzan el 46,8%, con un 4,6% que afirma que no lo sabe y un 3,1% que no contesta.
El director del CEO, Jordi Argelaguet, destacó que se trata de un empate técnico que se repite desde diciembre de 2014, con pequeñas oscilaciones en función de la coyuntura, y resaltó que no es el resultado de un futuro referéndum: "No hemos preguntado qué harían en un referéndum".
Mientras tanto, las fuerzas soberanistas anunciaban ayer "un acuerdo político global" sobre la ley de transitoriedad jurídica, que busca amparar el referéndum previsto en 2017 y permitir desconectar la "República" catalana del marco legal español.
La ley de transitoriedad jurídica -que es una de las tres leyes de desconexión del Estado, junto a la de Hacienda pública y la de Seguridad Social catalana- define Cataluña como una "República de derecho, democrática y social". JxSí y la CUP evitaron desvelar el contenido del texto acordado, conscientes de su previsible impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC), que el pasado viernes anuló la creación de las tres ponencias conjuntas del Parlament impulsadas por ambas fuerzas para elaboran las tres leyes de desconexión, al estimar los recursos de amparo presentados por Ciudadanos y el PSC.
En su escueto comunicado, JxSí y la CUP se limitan a explicar que su acuerdo al respecto del contenido de la ley de transitoriedad "es el resultado de más de seis meses de debate en que se ha trabajado sobre el articulado de la ley y da cumplimiento del plazo establecido en el debate de política general" del Parlament.
La ley, que pretende garantizar la "máxima seguridad jurídica en la transición a la República una vez ganado el referéndum por la independencia", establece en su artículo 1 que "Cataluña se constituye en una República de derecho, democrática y social".
La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, advirtió que la ley de transitoriedad jurídica es "una gesticulación más" que no contribuye a solucionar el conflicto y lamentó que JxSí y la CUP declinaran hacer público el contenido de la norma: "Una ley que no se registra no existe. Forma parte de un juego de astucias que no lleva a ninguna parte".
El secretario de Comunicación de C's y diputado en el Parlament, Fernando de Páramo, censuró la "opacidad" con la que JxSí y la CUP han impulsado la tercera ley de desconexión. Como el portavoz de SíQueEsPot, Joan Coscubiela, que la calificó de "nuevo placebo político".
El coordinador general del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, acusó a JxSí y a la CUP de "llevar a escondidas" la ley de transitoriedad jurídica.
ERC no acaba de fiarse de Puigdemont
El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, se mostró ayer convencido de que el referéndum se acabará celebrando en 2017, aunque no sea acordado con el Estado español, y advirtió de que su partido saldría del Govern si este decidiese sustituir el referéndum por unas elecciones autonómicas. En una entrevista con Efe, Tardà asegura que el referéndum "no sólo se convocará, sino que también se hará", puesto que "no hacerlo sería ilegal, sería incumplir la ley fundacional" de la nueva "República catalana", en alusión a la ley de transitoriedad jurídica que han pactado Junts pel Sí y la CUP. Tardà dice tener "toda la confianza" en el president y se muestra convencido de que las "dudas" sobre la viabilidad de un referéndum no acordado con el Estado son "minoritarias dentro del PDeCAT". Además, destaca que la presencia de los republicanos en el Govern representa una garantía de que el referéndum se celebrará según prevé la hoja de ruta soberanista.
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