La juez cita al PP y su tesorera como investigados en el caso de los ordenadores de Bárcenas

La juez ha citado al PP y a su tesorera Carmen Navarro para que declaren el 4 de febrero como investigados tras la reapertura de la causa que sigue por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que utilizaba el ex tesorero del partido Luis Bárcenas, custodiados en la sede de los populares. Fuentes jurídicas han informado de que la magistrada titular de Instrucción Número 32 de Madrid ha citado también a declarar el día 3 de febrero a Bárcenas y a su secretaria Estrella Domínguez, al jefe de Seguridad de la sede del PP en el momento de los hechos, Antonio de la Fuente y al abogado del PP. Todos ellos como testigos.

Estas declaraciones se producirán después de que la Audiencia Provincial de Madrid acordase la reapertura del caso al estimar los recursos presentados por IU, la Asociación Justicia y Sociedad, Los Verdes, así como UPyD contra la decisión de sobreseimiento provisional. Los magistrados entienden que "el archivo provisional se adoptó sin practicar diligencia de investigación alguna" sobre los hechos, lo que le impide disponer de información contrastada para dirimir el caso. Y señalan que "lo jurídicamente decisivo es averiguar la titularidad de los ficheros almacenados en los soportes destruidos", así como hallar a los responsables que destruyeron los discos duros de los ordenadores.

Con la reapertura de esta investigación, la Sala pretende que se averigüe "quién, en la organización del PP, ordenó o acordó la destrucción de los discos duros utilizados por el señor Bárcenas, que se produjo en un momento temporal en el que era público y notorio, dado su impacto mediático, que el mismo estaba siendo sometido a investigación penal por graves delitos cometidos con ocasión del desarrollo de su actividad laboral".

Por su parte, los populares afirman en un comunicado que la tesorera, al igual que el resto de los citados, "ratificará que los ordenadores con los que supuestamente trabajaba Bárcenas no contenían información puesto que, como él mismo dijo, cambió y se llevó el disco duro". Y que la información que había en dichos ordenadores estaba contenida en el pendrive que entregó al ex juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, tal y como consta en su declaración judicial del 15 de julio de 2013. El PP afirma que siempre ha actuado y actuará en colaboración con la justicia y conforme a la ley y añade que Izquierda Unida ha dirigido su acusación contra la tesorera "exclusivamente en razón del cargo que ocupa".

El Código Penal de 2013, la norma que permite citar al PP como investigado

El PP declarará como investigado en la causa por los ordenadores de Bárcenas, un hecho inédito en España, pues solo desde la reforma del Código Penal de 2013 los partidos políticos son sujetos susceptibles de responsabilidad penal. Será la primera vez que un partido político acuda como entidad jurídica a un juzgado en calidad de investigado y lo hará gracias a la reforma del Código Penal impulsada por el propio PP en la última legislatura. En la modificación anterior, del año 2010, con gobierno socialista, se introdujo la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero se añadió una excepción que afectaba expresamente a los partidos políticos y a los sindicatos, además de al Estado, las administraciones públicas territoriales o los organismos reguladores. Dos años después, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, impulsó una nueva reforma del Código Penal.

Durante la tramitación parlamentaria, UPyD presentó una enmienda en la que planteó retirar esa excepción en la responsabilidad penal a los partidos y sindicatos al considerar que se trataba de "un privilegio injustificado" contrario a la regeneración democrática. El PP apoyó esa enmienda, que finalmente fue aprobada. De hecho, en el preámbulo se planteó como objetivo de la norma superar la percepción de impunidad de partidos y sindicatos que existía con la anterior regulación. De ese modo, afecta a los partidos y sindicatos la responsabilidad por las actuaciones ilícitas desarrolladas en su beneficio por sus administradores o representantes legales o por personas sometidas a la autoridad de los anteriores si no ha existido un control adecuado sobre ellos.