Carles Puigdemont tumbó ayer la proposición de ley de amnistía que exigió para lograr la impunidad penal por sus actos como presidente de la Generalitat durante el procés y tras fugarse a Bélgica para forzar al Gobierno de Pedro Sánchez a ceder más: que la norma impida seguir los procesos y condenar por delitos de terrorismo o de traición.

Como en cada pulso con el PSOE desde que se inició esta XV Legislatura, Junts se impuso al PSOE, grupo que había registrado la proposición de ley que permitió la investidura de Sánchez en noviembre pasado: siete votos a cambio de la eliminación de las condenas firmes y los procesos en curso relacionados con el procés.

Tras una tensa jornada, en las que los negociadores de Junts y del PSOE no se movieron de sus posiciones, los socialistas dieron el paso de votar en contra de las enmiendas de Junts que se habían rechazado en la Comisión de Justicia pero que el partido que preside Laura Borràs mantenía vivas en la tramitación.

Las principales enmiendas que Junts defiende que deben ser aprobadas hasta el punto de hacer encallar la ley en el pleno buscan ampliar el paraguas de la amnistía “para que no se quede fuera nadie”. Eso supondría amnistiar delitos de terrorismo relacionados con el procés y también la traición, los delitos contra la paz o la independencia del Estado y los relativos a la defensa nacional.

La formación independentista quiere, además, adelantar dos meses el periodo de la amnistía para que comience el 1 de noviembre de 2011 y propone, asimismo, sin citarlo, luchar contra el lawfare. La amnistía, a su juicio, debería comprender las acciones “atribuidas en función de operaciones policiales artificiosas y/o prospectivas orientadas a la criminalización de cargos públicos y/o su entorno y cuando no hayan conllevado efectivamente un incremento patrimonial de origen ilícito”.

El partido de Sánchez tomó la decisión de no ceder con estas enmiendas, porque aceptarlas suponía eliminar la exclusión de los delitos de terrorismo o traición entre los que la norma habilita para amnistiar. Y lo hizo pese a que Junts había advertido que impediría la aprobación de la ley sin esa cesión.

Y, como acostumbra, Carles Puigdemont y sus conmilitones cumplieron su amenaza: votaron a favor del dictamen de la comisión pero tumbaron la ley de amnistía. Los posconvergentes votaron no junto a PP, Vox, UPN y Coalición Canaria, 179 votos que garantizaban el rechazo por mayoría absoluta.

Esta doble votación le permite seguir presionando a Sánchez, porque al haber validado el pleno de la Cámara Baja el dictamen pero no el texto de la ley, la proposición se devuelve a la Comisión de Justicia y se reabre la posibilidad de negociar cambios. Junts confía en torcer una vez más la voluntad del PSOE y que ceda en sus enmiendas, que pretende mantener intactas cuando se vuelva a debatir en comisión.

Al PSOE y al Gobierno de nada le sirvió su intento de convencer de la virtud de aprobar ya la amnistía tal y como está. En palabras del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños: “La ley de amnistía entró impecable y constitucional a esta cámara y así saldrá”.

Está por ver si este enunciado se cumple o el PSOE cede, como ha ocurrido ya varias veces en la tramitación. A partir de ahora, la Comisión de Justicia tiene un mes para decidir si se aceptan nuevas modificaciones, aunque el plazo podría reducirse a la mitad al tramitarse la ley por vía urgente.

Si le ley vuelve a ser rechazada por la Cámara, tras el nuevo trámite en la Comisión, en un debate que se regirá como si de las enmiendas a la totalidad se tratara, la proposición de ley decaerá.

Durante el debate, la formación que lidera Carles Puigdemont argumentó por qué ha preferido retrasar la aprobación de la ley porque, según afirmó su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, no fue lo que se pactó con el PSOE y “tiene agujeros que la Justicia prevaricadora española puede aprovechar para dejar la ley en papel mojado”.

“Una amnistía selectiva y en diferido no es lo que acordamos”, agregó Nogueras, porque desconfían de que el texto actual de la ley tenga eficacia ante las instrucciones de los casos Tsunami, donde el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón investiga posibles delitos de terrorismo, o Volhov, en el que el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, indaga en una presunta trama rusa relacionada con el procés, que podría calificarse penalmente como traición.

Nogueras atacó con dureza por ello al Poder Judicial, y citó con nombres y apellidos a estos magistrados, a los que llamó “prevaricadores”.

“Nos está pasando la represión por delante de las narices ¿y no haremos nada? La cúpula judicial está diciendo que se nos echará al cuello ¿y no hacen nada? El juez Aguirre se pasea por las televisiones europeas prevaricando ¿y no haremos nada? El juez García-Castellón se saca los delitos del bolsillo una vez publicado el primer texto de la ley ¿y no haremos nada?”, emplazó al PSOE.

Tras consumarse el rechazo de Junts y provocar la primera gran derrota del Gobierno en esta legislatura, Bolaños afirmó que en el Gabinete resulta “absolutamente incomprensible” este voto en contra de la ley, y por ello pidió que reconsidere su posición y salió en defensa de los jueces atacados en el pleno.

Junts no fue el único partido que tuvo duras críticas contra los jueves que instruyen causas relacionadas por el procés.

Desde el PP opinaron tras la derrota parlamentaria que es “difícil una humillación mayor” al Gobierno de Pedro Sánchez que la provocada por Junts en la tarde de ayer martes.

“El PSOE no se ha plantado, al PSOE lo han plantado”, afirmó el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, mientras que el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, auguraba nuevas cesiones del Gobierno, incluida la alta traición, informó Efe.

Desde la tribuna de invitados siguió el debate el presidente de ERC, Oriol Junqueras, quien tras la votación lamentó que la ley no siga su trámite en el Senado ya que era “buena”, “robusta” y daba cobertura y garantía jurídica a los encausados por el procés.

Sus palabras dejan constancia que la división del independentismo catalán sigue vigente.

Este encallamiento de la ley de amnistía deja en duda si la legislatura tiene recorrido sin que se apruebe la ley de amnistía, en caso de que ambas partes mantengan sus posturas de ayer. Aunque del Gobierno no dudan: “Nos quedan tres años y medio y vamos a seguir apostando por derechos, empleo y convivencia”, dijo Bolaños.