El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha aceptado este martes la propuesta de reforma de la Constitución presentada por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para apoyar su investidura, y ha avanzado que si esa es la condición de C's para garantizar su apoyo "habrá acuerdo". "Cuando hay voluntad de cambio, hay voluntad de acuerdo", ha dicho el líder del PSOE en rueda de prensa improvisada en el Congreso para responder a la oferta de reforma constitucional exprés lanzada por la mañana por Ciudadanos.

Sánchez ha anunciado que si tiene "el honor" de ser presidente del Gobierno, suprimirá las diputaciones provinciales y las sustituirá por consejos de alcaldes. También limitará el mandato de la Presidencia del Gobierno a ocho años -dos legislaturas- y reducirá a la mitad -de 20 a 10- los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces. La reforma constitucional incluirá la supresión de los aforamientos de senadores y diputados en el Parlamento nacional y en los autonómicos y reducirá de 500.000 a 250.000 las firmas exigidas para presentar una iniciativa legislativa popular en el Congreso. "Si son las propuestas que permiten culminar un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, decimos que sí, que vamos a abrir un tiempo nuevo en la política española presidido por el diálogo, el acuerdo y las políticas progresistas y reformistas", ha remarcado.

Ante el escollo que podía suponer la propuesta de eliminar las diputaciones, el líder del PSOE ha subrayado que se iniciará la supresión de estos organismos para crear los consejos provinciales de alcaldes que "garanticen la igualdad entre españoles vivan donde vivan". Según Sánchez, es fundamental que los vecinos que habiten en municipios de menos de 20.000 habitantes tengan garantizados los servicios básicos.

Para Sánchez, se trata de "un momento histórico en la vida política de España" el que "dos partidos con vocación nacional del centroizquierda y el centroderecha" se hayan entendido. El "acuerdo de investidura y legislatura" con C's se ha fraguado después de casi tres semanas de contactos entre sus equipos negociadores y de la reunión en secreto que Sánchez y Rivera mantuvieron ayer, lunes, en el Congreso.

A falta de que se resuelvan algunos flecos, el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos es el primero que cierra Sánchez en puertas de someterse a la investidura el próximo 1 de marzo. También está muy avanzado con Coalición Canaria y continúan abiertas las negociaciones con Podemos, IU y Compromís, así como con el PNV. El candidato socialista necesitaría la abstención al menos de Podemos para superar la investidura, toda vez que no parece posible que ésta sea la postura que adopte el PP. Sánchez ha considerado que el pacto con Ciudadanos es "una buena base" para propiciar el cambio que los españoles pidieron en las urnas y atraiga a otra formaciones. "El PSOE quiere sumar al cambio a todas aquellas fuerzas políticas que quieran liderar un tiempo político presidido por un gobierno reformista y progresista", ha invitado.

Con tono enigmático, el secretario general ha anunciado que mañana, miércoles, "será importante lo que va a ocurrir", sin dar pistas de si se desvelarán nuevos pactos. Sí ha confirmado que la Ejecutiva del PSOE se reunirá este miércoles para convocar la consulta a la militancia, prevista el próximo sábado, día 27, para que se pronuncien sobre los acuerdos de gobierno que cierren los socialistas.

Sánchez se ha mostrado convencido de que las cinco medidas recogidas en la reforma exprés de la Constitución planteada por C's ayudarán a imprimir "un nuevo carácter de regeneración democrática a la vida política". También ha destacado que el PSOE comparte con Ciudadanos la necesidad de "abrir las puertas del Congreso a la participación de los ciudadanos" facilitando la presentación de iniciativas legislativas populares.

Las exigencias de Ciudadanos

El líder de Ciudadanos ha impuesto al PSOE una reforma "exprés" de la Constitución con cinco puntos, entre ellos la supresión de las diputaciones y de los aforamientos, y le ha pedido un "último esfuerzo" para poder llegar a un acuerdo de Gobierno, que ve "cerca". Albert Rivera lo ha dejado claro en una rueda de prensa en el Congreso después de reunirse ayer, de manera discreta en la Cámara, con el secretario general del PSOE, asegurando que estas modificaciones de la Carta Magna constituyen una condición "sine qua non" para lograr un pacto con los socialistas.

La supresión de los aforamientos de los cargos públicos por delitos de corrupción es el primer punto de la reforma, el segundo la reducción a 250.000 firmas de la exigencia constitucional, fijada ahora en medio millón de firmas, para presentar una Iniciativa Legislativa Popular y el tercero, la "despolitización" de la Justicia mediante cambios en los mecanismos de elección de jueces. Hay una cuarta modificación de la Constitución reclamada por Ciudadanos que exige suprimir las dputaciones provinciales -quedan al margen las diputaciones forales y los cabildos insulares- para acabar con las duplicidades en la Administración Pública y la quinta es reducir a ocho años el mandato del jefe del Ejecutivo. Aunque cerca del acuerdo, ha reconocido Rivera, hay "escollos importantes" que pueden dinamitar un posible pacto, sobre todo en lo referente a acabar con las diputaciones porque Ciudadanos -ha recalcado- "no está dispuesto" a subir el IRPF a las clases medias y trabajadores para mantener estas instituciones.

Una medida que, ha recordado, llevaba el PSOE en su programa electoral cuando se presentó Alfredo Pérez Rubalcaba a las elecciones de 2011, si bien reconoce que afrontar este tipo de medidas son complicadas para el PSOE y se requiere de "coraje y valentía" para afrontar estos cambios. "Los partidos viejos tienen mochila y unas estructuras y entiendo que son pasos que no son fáciles de dar". De todas formas, la reforma constitucional que ha puesto sobre la mesa requiere para su aprobación de una mayoría de tres quintos del Congreso (210 votos) y del Senado (160), para la que necesitan el apoyo del PP.

Y esperan sumar al PP a este acuerdo, ha señalado, porque se están negociando cosas que "muchos de sus votantes" están conformes y si la dirección del partido no lo está, que explique "por qué" y digan por qué no están de acuerdo en acabar, por ejemplo, con las diputaciones y los aforamientos. "Hay muchos aforados, supongo que a Barberá no le gustará porque algunos pretenden seguir aforándose y a otros no les gustará la ILP", pero Ciudadanos no ha venido a "contentar" aspiraciones particulares sino a plantear un proyecto "de reformas".

Ciudadanos espera que el PP se acabe sumando al pacto que negocian con los socialistas. No le desanima saber que en este momento la aritmética que hay no da para que la exigencia de reforma constitucional pueda materializarse porque, medio en broma ha dicho que, "para un catalán constitucionalista no hay nada imposible". De llegar a ese pacto de Gobierno con el PSOE, éste  tendrá que formalizarse como mucho en cuarenta y ocho horas por los plazos internos que manejan PSOE y Ciudadanos, ya que deberá ser ratificado por la militancia socialista y la ejecutiva de la formación naranja. Un acuerdo que, en cualquier caso, no ve que sea compatible con lo que persigue Podemos, que insiste en el referéndum de Cataluña o en subir la presión fiscal, según ha dicho, "pero no es mi labor buscar incompatibilidades con Podemos", ha afirmado Rivera.

No cree Rivera que Ciudadanos haya renunciado a otras propuestas para favorecer la negociación, como la reforma de la ley electoral porque de hecho han planteado que se abra una ponencia para poner en marcha la modificación de la ley con el fin de que sea más proporcional y prevea listas abiertas y primarias. Tampoco han dejado de lado otras propuestas, subrayando que la exigencia de la reforma constitucional es una condición para pactar pero se están negociando "todos los campos de un gobierno".

Los cambios que Rivera pide al PSOE exigen el apoyo del PP

Las cinco modificaciones exigen obligatoriamente el respaldo del PP para salir adelante, porque siempre hará falta contar con la mayoría absoluta del Senado. Los cambios planteados por Rivera se tramitarían por el procedimiento ordinario de reforma constitucional, que no comporta la disolución de las Cortes ni tampoco necesariamente su sometimiento a referéndum. Se trataría de aplicar la misma tramitación que siguió para las dos únicos cambios introducidos en la Carta Magna desde su aprobación en 1978: la que en 1992 permitió el ejercicio del sufragio a los europeos en las elecciones municipales y la que se abordó en 2011 para garantizar la estabilidad presupuestaria.

El artículo 167 de la Constitución establece que los proyectos de reforma constitucional "deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras". En el Congreso, esta mayoría supone el respaldo de al menos 210 diputados, mientras que en el Senado es preciso el apoyo de 160 senadores. Con estos requisitos, en la Cámara Baja el PSOE (90 escaños) y Ciudadanos (40), precisarían de los 123 diputados del PP para conformar esta mayoría o bien, si los populares no estuvieran de acuerdo, contar con el apoyo alternativo del resto de la Cámara, que tiene 350 diputados.

Eso sí, como en el Senado, conformado por 266 escaños, el PP conserva una mayoría absoluta de 142 senadores, sin este partido sería imposible alcanzar la exigencia constitucional para la reforma. El artículo 167 de la Carta Magna señala que, en caso de que no hubiera acuerdo sobre la reforma entre las dos Cámaras "se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de diputados y senadores", que presentará un texto que deberán votar el Congreso y el Senado.

Y si tampoco se logra así el acuerdo, la reforma podrá ser aprobada por el Congreso con mayoría de dos tercios (234 diputados). Pero la Constitución advierte de que en ese caso sólo saldría adelante "siempre que el texto hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado". Este precepto hace así imprescindible el respaldo del PP para que tenga éxito cualquier reforma de la Carta Magna, aunque sea por el procedimiento "exprés", como propone Albert Rivera.

Si finalmente la modificación saliera adelante, cabe la posibilidad de que sea sometida a referéndum, algo que en principio no es imprescindible; de hecho, las dos únicas reformas acometidas hasta ahora no fueron votadas por los ciudadanos tras su aprobación parlamentaria. Sólo tendrían que someterse a votación popular si lo solicitan, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, "una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras", según determina el mismo artículo 167.